La complicación de iniciar procedimientos en catalán ante los órganos de Administración de justicia en catalán y las dificultades para ser atendido en los servicios sanitarios en la lengua propia son las principales carencias detectadas por el Consejo de Europa a la hora de evaluar el nivel de protección lingüística del Estado español. Según el informe sobre lenguas regionales y minoritarias en España, a pesar de apuntar algunos avances se han señalado varias carencias respecto de la protección de las lenguas cooficiales.

Se trata del cuarto dossier que el comité de expertos de la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias elabora sobre España, que no sólo hace referencia a las lenguas cooficiales, sino también a las que no disfrutan de este nivel de protección, como el asturiano y el aragonés, además de la situación del catalán en la Franja de Ponent en Aragón y el Carxe en Mucia y el gallego fuera de Galicia.

Mejora respecto del 2012

El informe, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, considera que la situación lingüística en España "ha mejorado considerablemente" desde el 2012, año en que se efectuó el anterior estudio. Con todo, especifica algunas dificultades en la Administración de justicia y la sanidad, señalando la Ley orgánica del Poder Judicial como "uno de los principales obstáculos" para el cumplimiento de la Carta, que entró en vigor en España en el 2001.

Precisamente, la misma ley es la principal razón por la cual no se han apreciado cambios en la legislación sobre el derecho a iniciar procedimientos en lenguas cooficiales ante los órganos de Administración de justicia y del Estado, "a pesar de las recomendaciones realizadas por el Comité de Ministros". Con respecto a la atención sanitaria y otros servicios públicos, los expertos señalan que la falta de personal conocedor de la lengua cooficial "obstaculiza" su uso. El estudio pide también esfuerzos a las comunidades autónomas para que los medios de comunicación tengan "una cobertura adecuada en toda la región".

Además, los expertos que han elaborado el informe recomiendan "extremar la atención" para que el modelo de educación trilingüe implantado en las Illes Balears –donde ha sido recientemente derogado–, Galicia y Comunitat Valenciana, "no afecte negativamente a la oferta de educación en las lenguas regionales o minoritarias".