El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para aprobar la llamada ley de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos ante las instituciones del Estado. Se trata de una norma impulsada por Esquerra Republicana, Bildu, el PNB, el BNG, Compromís e integrantes de Sumar como los comuns y Més per Mallorca. En la votación sobre su toma en consideración, se han sumado Junts per Catalunya y el PSOE. Entre las principales medidas de esta iniciativa se encuentra que a partir de ahora —en caso de que el texto supere todo el recorrido que aún le queda dentro de la cámara baja para alcanzar su aval definitivo— los documentos escritos en lengua catalana, vasca o gallega serán oficiales en todo el Estado, sin necesidad de que tengan traducción al castellano. Y también poder exigir el catalán a los magistrados en Catalunya.
La norma, según sus impulsores, pretende compensar y corregir el “desequilibrio y error histórico" de haber colocado el castellano "en una situación de privilegio" en el funcionamiento real de las instituciones del Estado. La iniciativa, que ha redactado el exportavoz de ERC Joan Ridao, recuerda que, a pesar del reconocimiento constitucional a la diversidad lingüística, este "continúa sin desplegarse de manera efectiva" y persisten normas y prácticas que "penalizan la doble oficialidad".
Principales medidas
Entre los principales ejes de la iniciativa destacan medidas decisivas en la Administración de Justicia. Concretamente, la norma dice que “para la provisión de las plazas de presidente del Tribunal Superior de Justicia y de Audiencia Provincial en las autonomías que tengan lengua y/o Derecho Civil propios, el Consejo General del Poder Judicial exigirá como requisito la especialización en este derecho y también acreditar un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas propias que tengan carácter oficial”. “El Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con aquellas autonomías que tengan lengua y/o Derecho Civil propios, organizará programas de formación intensiva y continuada de estas materias”, señala la norma.
La propuesta también sitúa como objetivo prioritario garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del Poder Judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, "con plena validez jurídica". Es por ello que introduce obligaciones claras de capacitación lingüística en la justicia, la función pública y la contratación, y dota de herramientas para garantizar el respeto al derecho de opción lingüística.
La iniciativa también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave, como el consumo, la seguridad, el transporte o la comunicación audiovisual, donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano. En el ámbito educativo, la ley establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma "será normalmente vehicular", con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esta lengua como el castellano al finalizar la educación básica.