La Operación Diálogo con Catalunya hará una interrupción en el Congreso este martes por la tarde votando a favor del suplicatorio para que el exconseller de la presidencia y líder del PDECat en Madrid, Francesc Homs, sea juzgado por el Tribunal Supremo por haber contribuido a poner las urnas el año 2014 en la consulta del 9-N. Si nada cambia, el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, el PSOE, PSC y Ciudadanos se alinearán en el hemiciclo exhibiendo que la respuesta sancionadora de estos "constitucionalistas" frente al soberanismo no difiere de facto.

Así se iniciará el periplo de Homs hacia aquello que el político catalán considera un "juicio político". Este es el principal argumento del exconseller de la Generalitat y se espera que también lo repita cuando suba a la tribuna –sin cámaras– para justificarse y defender el derecho a decidir. La prueba presunta que el líder del PDECat observa sería en el cambio de opinión entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, donde el primero consideró a través de la Junta de Fiscales que no había delito, pero el segundo sí que lo llamó para declarar en Madrid el pasado 19 de septiembre.

Como en aquella ocasión, esta vez tampoco estará solo. Según adelantó El Nacional, el president de la Generalitat Carles Puigdemont participará en un acto a las 15h delante del Congreso donde también estarán el expresident Mas y representantes de ERC, además de los partidos que han posicionado contra la judicialización de la política y a favor del derecho a decidir: Podemos y las confluencias, PNV y EH Bildu. De hecho, el vasco Aitor Esteban es amigo personal de Homs, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ya se comprometió en una comida privada con Puigdemont que votarían en contra del suplicatorio.

En este escenario, la decisión de los 84 diputados socialistas era determinante porque se requiere mayoría absoluta para sacarlo adelante. Su argumento es que a ellos no les corresponde juzgar los hechos, como tampoco impedir que la justicia lo haga. El Partido Popular y Ciudadanos ya dejaron claro desde el primer momento su voto a favor de autorizar en el Supremo para investigar a Homs. Con sus votos, más los de UPN y Foro Asturias reunirían 169 'sís', es decir, 253 a favor, mientras que los votos contra el suplicatorio suman 95 (67 de Unidos Podemos, nueve de ERC, ocho del PDECat, cinco del PNV, cuatro de Compromís y dos de EH Bildu). La votación también es secreta, según reglamento.

Así y todo, Homs lamenta que el supuesto rasgo diferencial catalán no será apreciado como tal por el PSC esta vez. Los socialistas catalanes alegaron para esquivar la abstención en la investidura del presidente Mariano Rajoy que eso avivaría el independentismo porque Jorge Fernández Díaz era el ministro del escuchas de la Operación Catalunya. Incluso, algunos miembros del PSC, como el alcalde Ángel Ros, votaron –en blanco– en la consulta soberanista del 9-N. También el expresident de la Generalitat José Montilla expresó entonces que hacía falta "diálogo y no querellas", y mostró su apoyo al president Artur Mas por las actuaciones judiciales que se entreveían.

Pero ahora, el PSC se alinea con las tesis del PSOE, PP y C's alegando que siempre han votado a favor de todos aquellos suplicatorios se habrían pedido. Ahora bien, los socialistas no se han sentido cómodos avalando esta teoría. Los españoles tardaron al exponer su posición afirmando que tenían que estudiar el informe. Y por el lado de los catalanes, el primer secretario, Miquel Iceta, se justificó afirmando que si hicieran el contrario, Homs podría no ser juzgado por los mismos hechos por los cuales sí lo serán un president de la Generalitat, una vicepresidenta del Govern y otra consellera, es decir, Mas, Joana Ortega y Irene Rigau.

El precedente Barberá

La sesión plenaria llega después de que la Comisión del Estatuto de Diputado decidiera el pasado 3 de noviembre admitir a trámite la votación en la cámara. En aquel momento Homs ya hizo su alegato a puerta cerrada, donde vio rechazada por parte de la comisión la idea de citar personalidades como el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, o el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

La petición se remontaba al pasado 19 de octubre, cuando el exconseller de la Presidència indicó que quería que declararan en el Congreso cargos de la justicia que de manera indirecta habían intervenido avisando a la Generalitat antes de que tuviera lugar la consulta. "Se fue de fin de semana después de haber dictado una presunta suspensión de la consulta soberanista, pero sin aclarar qué suspendía exactamente", dijo Homs entonces sobre el magistrado del TC. Y ante la negativa, Homs respondió que no habría voluntad "de conocer la verdad" por parte de los comisionados.

Pero según supo este diario a partir de fuentes del PDECat, la posibilidad de llevar testigos a la elaboración del informe podría haber significado un precedente controvertido. Las fuentes creen que se quería evitar un debate de testigos en otros suplicatorios como el de Rita Barberá, por la trama de corrupción valenciana. Así, se habría frenado con Homs que la idea quedara afirmada en ell Congreso –porque no se había hecho nunca antes–. 

La oportunidad del fuero

Después de que el Pleno avale que se quite el fuero parlamentario a Homs, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tendrá un plazo de ocho días para comunicar la decisión al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. A partir de aquí, el Supremo puede investigar al diputado independentista. Según el instructor del Supremo, Andrés Palomo, este podría haber incurrido en delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta soberanista y por la cual podría ser condenado apenas de inhabilitación por empleo o cargo público.

El mismo Homs ha asegurado este lunes que ya tiene previsto qué hará en caso de que el Supremo lo inhabilite, pero no ha dado detalles. Así las cosas, fuentes del PDECat defienden que la existencia del fuero tiene una razón de ser en el siglo XXI y es la posibilidad de dar margen a los legislador de hacer política cuando la democracia encuentra puntos de tensión con la ley, como piensan habría sido el caso del 9-N y el soberanismo.