El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de multirreincidencia impulsada por Junts per Catalunya, y lo ha hecho con una amplísima mayoría. La norma, de hecho, ha sido aprobada por más formaciones de la oposición que por socios habituales del Gobierno. Han votado a favor los independentistas, liderados en esta cámara por Míriam Nogueras, el PSOE, el PP, Vox y el PNV. Y Esquerra Republicana se ha abstenido después de un acuerdo de última hora para incrementar el número de jueces destinados a Catalunya. Formaciones como Sumar, Podemos y Bildu han criticado la norma y han votado en contra. Así, la iniciativa ha prosperado con 302 votos a favor y 35 en contra. La norma, a grandes rasgos, castiga la acumulación de delitos e impone penas de uno a tres años de prisión por el hurto de móviles y ordenadores.
Junts registró esta ley —que reforma el Código Penal y la Ley de enjuiciamiento criminal— hace dos años, y fue admitida a trámite por la cámara. Un año más tarde, después de haber quedado guardada en un cajón, algunos grupos presentaron enmiendas. Pero las formaciones de izquierdas se habían mostrado en contra, lo que provocó que el PSOE la guardara nuevamente en un cajón hasta hace unas semanas. No decidió sacarla hasta que Junts anunció que rompía sus relaciones con los socialistas. Y la comisión de Justicia de esta cámara acabó elevando la norma al Pleno para una aprobación definitiva después de incorporar enmiendas de Junts, PSOE y PP. Todo ello se trata de uno de los gestos de Pedro Sánchez para intentar recuperar la formación de Carles Puigdemont.
Durante el debate de este jueves, la diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido la norma “necesaria y equilibrada” que ataca “la impunidad” y rompe “una dinámica que cronificaba el delito”. Con esta aprobación, ha añadido, se crea una regulación “ponderada, eficaz y útil para jueces, fiscales y policías”, que recibirán “las herramientas que necesitan para su trabajo”.
Varios alcaldes catalanes se han desplazado hasta el Congreso de los Diputados para asistir este jueves a la votación sobre la multirreincidencia. Entre ellos, había varios de Junts: Marc Buch (Calella), Òscar Fernández (Cabrera de Mar), Arnau Rovira (Manlleu), Dani Mauriz (Sant Vicenç de Castellet), Xavier Fonollosa (Martorell) y Marc Castells (Igualada). Pere Segura (Vila-seca) y la vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis, no han podido asistir a causa del caos ferroviario. También se habían desplazado hasta Madrid representantes municipales del PSC, pero han vuelto a Catalunya a causa del temporal: Alba Barnusell (Granollers), Mireia Dionisio (Mollet del Vallès), Marta Farrés (Sabadell), Mireia González (Santa Coloma de Gramenet), Ana María Martínez (Rubí), Jesús Naharro (Abrera), David Quirós (L'Hospitalet de Llobregat), Juan Luis Ruiz (Vilanova i la Geltrú), Eduard Sanz (Esplugues de Llobregat y Ramón Ignacio Zaballa (Vilafranca del Penedès). El alcalde catalán socialista que sí que ha permanecido en la capital española para seguir el Pleno ha sido David Bote (Mataró), que ha podido gestionar el temporal a distancia, de forma telemática.
Un gesto de Sánchez a Junts que distancia al PSOE de las izquierdas del Congreso
Este gesto de Sánchez a Puigdemont, sin embargo, ha evidenciado la distancia que tiene en materia de multirreincidencia el PSOE con su socio dentro del Gobierno, Sumar, así como formaciones de izquierdas del Congreso como Podemos o Bildu. Esquerra Republicana había mantenido distancias con esta norma durante toda su tramitación en el Congreso, pero este jueves por la mañana ha anunciado que, finalmente, se abstendría tras llegar a un acuerdo con el Gobierno.
ERC se abstiene a cambio de incrementar el número de jueces en Catalunya
ERC ha acordado con el ejecutivo de Sánchez incrementar el número de jueces destinados a Catalunya. Actualmente, prestan servicio alrededor de 870, y el acuerdo prevé la aprobación de un real decreto este 2026 que incremente esta cifra en 91 jueces más, y después aprobar 90 plazas adicionales en 2027. Es decir, crear 180 nuevas plazas en dos años, hasta llegar a la cifra de 1.050 jueces en ejercicio en Catalunya. “Entendemos que el problema existe y que hay gente cuyo modus vivendi es delinquir, no porque quieran, sino por circunstancias personales; digamos que la solución punitiva, si no pones más medios, es humo; subir penas no sirve de nada”, ha sostenido este jueves en TV3 el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
Más tarde, dentro del hemiciclo, la diputada Pilar Vallugera ha asegurado que ERC también ha decidido “no poner trabas” a la aprobación de la norma “después de haber escuchado a alcaldes y concejales” que el partido tiene en el territorio. “No les queremos hacer sentir incómodos”, ha señalado, además de apuntar que “la realidad no se cambia con el Código Penal”. “No somos buenistas, sino realistas, ustedes creen que todo se arreglará con el punitivismo, y nuestro desastre se encuentra en la administración de Justicia”, ha sentenciado la republicana.
La ley de multirreincidencia impulsada por Junts
La ley de multirreincidencia impulsada por Junts y aprobada este jueves en el Congreso tras alcanzar pactos con el PSOE, el PP y el PNV impone una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo robado no excede los 400 euros. Pero el castigo puede ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si el infractor ya ha sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves. La norma también modifica el artículo 235 del Código Penal para imponer penas de uno a tres años de prisión por el hurto de móviles y ordenadores. El texto recuerda que estos dispositivos no solo tienen valor económico, sino también personal, por la información delicada que contienen. De hecho, este agravante no se aplica si el robo es de un móvil nuevo en una tienda.
La norma también entiende la previsión del castigo por multirreincidencia en los casos de estafa. Para fijar la pena se tendrá en cuenta el importe de lo que se ha defraudado, la pérdida económica causada a la persona perjudicada, las relaciones entre la víctima y el defraudador, así como cualquier otra circunstancia que sirva para valorar la gravedad de la infracción.
También se podrá imponer cautelarmente al delincuente "la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas". La reforma también reconoce legitimación a las entidades locales para ejercer la acción penal en delitos de hurto, con el objetivo de reforzar la implicación de los ayuntamientos ante la multirreincidencia.
Asimismo, se establece una pena de prisión de uno a cinco años por el llamado petaqueo, una medida contra las narcolanchas. Se castigará "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.