Todo el Congreso, los 346 diputados de la cámara, han convalidado este miércoles por unanimidad el Real decreto ley que inyecta 500 millones de euros al sistema de dependencia para permitir el despliegue de la Ley ELA, vigente desde el 1 de noviembre de 2024. Esta unanimidad también incluye Junts, que la primera semana de noviembre anunció que su formación bloquearía todas las iniciativas parlamentarias del gobierno español mediante enmiendas a la totalidad a todos los proyectos de ley y proposiciones de ley y votando en contra de las que están en tramitación. A pesar de ello, la formación de Puigdemont ya dijo que, a parte de todo lo previsto en el Acuerdo de Bruselas, ya aseguraron que esta Ley de la Esclerosis lateral amiotrófica no la tumbarían.
El real decreto para desarrollar las medidas de la Ley ELA prevé una financiación de 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia y atender 24 horas a estos enfermos. Además, el ejecutivo ha asegurado que los enfermos recibirán una prestación de hasta 10.000 euros mensuales, a pesar de que la mitad deberá aportarla la comunidad autónoma en la que resida el afectado. Este hito histórico también creará un nuevo grado de dependencia extrema o de Grado III+ para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas de alta complejidad y garantizará atención “intensiva y personalizada” a todas las personas con esclerosis en fase avanzada.
Un oasis de unanimidad en un debate muy tenso
A pesar de la unanimidad en la cámara baja, el debate no ha sido nada plácido. PP y Vox han lanzado duras críticas denunciando que el gobierno español ha hecho un uso partidista de esta medida y que ha tardado un año en poner en marcha aquello que el mismo Congreso había reclamado al aprobar la ley. Junts, por su parte, ha reivindicado que esta iniciativa forma parte de los compromisos que exigió a cambio de dar apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Se han oído reproches constantes y contundentes contra el ejecutivo de Sánchez por haber tardado tanto en dotar de recursos una ley que supone una transformación profunda del sistema público de atención a las personas con más dependencia.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha sido el encargado de defender el texto, ha resaltado que se trata de un “hito” para la política social del Estado español, un hito que “es el fruto de una sociedad civil ejemplar”. “El objetivo principal de este decreto ley es reforzar nuestro sistema de cuidados para que cubra las necesidades de las personas con ELA y otras enfermedades de cuadro similar, pero haciéndolo, fortalecemos también el conjunto del sistema y avanzamos hacia un modelo de cuidados que se adapte a las necesidades de las personas con ELA” ha asegurado el ministro Bustinduy.