El aeropuerto de El Prat se blinda y ya no se puede entrar sin tarjeta de embarque, según publica este martes La Vanguardia. La medida está en marcha desde el último fin de semana y tiene por objetivo no dejar que entren ni personas sin hogar, ni carteristas, ni tampoco embaladores ilegales de maletas —colectivos que, según Aena, generan problemas de convivencia y desarrollan actividades irregulares—. Así, Aena ha puesto controles tanto en las salidas del metro y del tren, como en los accesos principales a las terminales. Incluso, las personas que vayan a buscar a algún conocido pueden verse obligadas por las autoridades a mostrar una captura de pantalla del vuelo que espera.
Las restricciones también afectan a los taxistas, que desde finales de noviembre ya deben llevar un cartel con los datos del cliente que recogen si quieren acceder a la zona de recogida de pasajeros. Ahora bien, es verdad que los taxistas celebran la medida, ya que deja fuera a los taxistas pirata que a menudo se colaban en El Prat. En cualquier caso, Aena se justifica aduciendo el derecho de admisión y matiza que se trata de controles intermitentes, que pueden ser aleatorios o estables, según las necesidades del momento y a criterio de la Seguridad Aeroportuaria. Actualmente, los controles están en las dos terminales y se realizan durante todo el día. Es decir, que no se trata de una medida provisional.
Una medida que ya se hacía en Madrid
La medida no es nueva en el Estado. En mayo de este año ya se instauró en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con el objetivo de "evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales". En un comunicado, Aena limitaba las restricciones a la franja entre las 21.00 y las 5.00 horas, cuando la actividad en el aeropuerto es más baja. "Podrán acceder a las terminales en estas franjas aquellos pasajeros que porten el documento de transporte —billete o tarjeta de embarque—, sus acompañantes tanto de salida como de llegada y los trabajadores del aeropuerto", aclaraban. Al respecto, también decían que "estos controles de acceso no suponen el cierre de las terminales, sino que las entradas y las salidas al interior de los edificios estarán limitadas a unas puertas concretas".
Como en esta ocasión, la compañía justificaba que "esta medida se aplica conforme a la legalidad vigente, la ley de seguridad privada y en función de las atribuciones de Aena como empresa gestora de los aeropuertos". También añadía que "tiene el deber de asegurar una actividad aeroportuaria y un transporte aéreo fluidos, protegiendo sus instalaciones con las normas de uso adecuado para su mejor conservación, gestión y administración". "Los aeropuertos no son infraestructuras preparadas para habitar, sino que son instalaciones exclusivamente de paso, que no tienen en ningún caso las condiciones adecuadas para pernoctar, y las personas trabajadoras de Aena no están formadas ni tienen entre sus funciones la atención social", concluyó, insistiendo en la voluntad de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.