La ley de protección integral de la infancia y la adolescencia, también conocida como Llei Rhodes, está hoy un paso más cerca de ser una realidad. La norma, que amplía a 35 años el inicio de la prescripción de los abusos a menores y obliga a denunciar, ha finalizado hoy su recorrido en el Congreso de los Diputados, donde ha sido aprobada por una mayoría muy amplia. Ahora se enviará al Senado, que, si no la enmienda, la dejará lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La norma ha visto la luz verde con 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones. En el lado del sí se han situado el PSOE, Unidas Podemos, el PP, Ciudadanos e Izquierda. En cambio, Junts, el PDeCAT y EH Bildu se han abstenido por considerar que invade competencias, el mismo argumento que ha utilizado el PNV para votar en contra. Aparte de los nacionalistas vascos, también se ha opuesto la extrema derecha de Vox, pero por no estar de acuerdo con el contenido de la ley. La diputada Maria Teresa López ha asegurado que es una ley "ideológica" que "amenazaa  la familia, que es el santuario de la vida, los valores y la tradición".

Una de las principales novedades que introduce, gracias a una enmienda transaccional de varios grupos, es que el plazo de prescripción del delito de abuso a menores empiece a contar cuando el denunciante cumpla 35 años, y no 18 años como hasta ahora (inicialmente, la norma lo situaba a los 30 años).

Por otra parte, la Ley Rhodes también estipula, por primera vez, que cualquier persona que sea conocedora o tenga indicios de violencia contra un menor de edad está obligada a comunicarlo "de forma inmediata" a las autoridades correspondientes. Eso incluye a los familiares de los presuntos agresores.

Con la norma también se elimina la custodia compartida en casos de violencia machista y se pone fin a la revictimización de los menores de 14 años, que sólo tendrán que declarar una sola vez en todo el proceso policial y judicial. Se tendrá que garantizar que no hay ningún tipo de contacto entre víctima y agresor, tanto en dependencias policiales como judiciales. Finalmente, contempla formación especializada para los cuerpos policiales y las escuelas, y los servicios sociales pasarán a ser "agente de la autoridad".

La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, defendido afirmado que esta es una ley con una importancia "capital" porque "promueve un cambio cultural". En este sentido, Belarra ha sostenido que la nueva norma "envía un mensaje claro a la ciudadanía que dice que la violencia en contra de los niños y niñas en cualquiera de sus formas no es aceptable".