Acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para ampliar la prescripción de los abusos infantiles. PSOE, Podemos, ERC, Ciudadanos, Bildu, BNG y Más País han pactado una enmienda transaccional a la nueva ley de protección a la infancia, la cual permitirá que estos delitos sean punibles hasta que la víctima cumpla los 35 años.

El texto legislativo tiene que pasar este jueves la votación al Congreso antes de ensartar su camino Al Senado. El amplio apoyo a la enmienda hace pensar que se aprobará sin problemas. Ahora mismo los abusos infantiles prescriben cuándo la víctima cumple los 18 años y en un primer redactado de la ley estaba previsto que esta edad se elevara hasta los 30. Gracias al acuerdo, las víctimas ganarán 5 años de margen para denunciar.

El texto, que quedó paralizado por las elecciones de 2019 y después por el estado de alarma, inició su tramitación el pasado junio Según el Gobierno, la nueva normativa adopta los estándares internacionales más exigentes con respecto a la protección de la infancia. "Es una de las mayores garantías de igualdad de oportunidades para los niños y adolescentes en España", apuntó en ese momento Pablo Iglesias.

Save The Children pide abandonar el "partidismo" y aprobar el texto

La ONG Save de Children ha pedido evitar las disputas "partidistas" con el objetivo de aprobar la ley de protección a la infancia. Al ser una ley de carácter orgánico el texto necesita conseguir mayoría absoluta antes de seguir el trámite parlamentario. El director general de la entidad, Andrés Conde, ha recordado que se trata del marco de protección "más ambicioso de Europa" y que su aprobación supondría un "gran avance social" para el estado español. Por eso, también ha anunciado que mañana entregarán medio millón de firmas con el objetivo de mostrar el gran apoyo de la sociedad hacia esta ley

De hecho, el director general de Save the Children, ha asegurado que el escenario que se plantea mañana llega después de 12 años de lucha por parte de "supervivientes, organizaciones y gobiernos". Conde ha insistido, pues, en la necesidad de disponer de una ley que permitiría hacer frente a un tipo de violencia "invisibilizada" con "pocos registros". De hecho, pocas veces tienen "consecuencias" para los agresores.

El texto llega al pleno del Congreso con avances de gran importancia como, por ejemplo, la capacidad de denuncia por parte de niños y niñas sin necesidad de valorar su madurez, el refuerzo del deber de denuncia de la ciudadanía y cualificado para profesionales que trabajen con infancia y adolescencia o la ampliación del cómputo del plazo de prescripción. También el hecho de que se inste a aprobar un futuro proyecto de ley para la especialización de juzgados y fiscalía de violencia contra la infancia.

 

Imagen principal, niños en un patio de colegio / ACN