El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva la ley de multirreincidencia impulsada por Junts per Catalunya. La norma ya se aprobó hace semanas en esta cámara, viajó al Senado, allí se hicieron algunas modificaciones, y ahora ha vuelto al Congreso para su aprobación definitiva. Entrará en vigor en los próximos días, cuando el texto se publique en el BOE. Ha salido adelante con una amplia mayoría parlamentaria. Han votado a favor Junts, el PSOE, el PP, y el PNV. Esquerra Republicana se ha abstenido. Esta vez Vox ha votado en contra, juntamente con Sumar, Podemos y Bildu. La norma castiga la acumulación de delitos e impone penas de uno a tres años de prisión por el hurto de móviles y ordenadores. El Gobierno ha vetado unas enmiendas del PP que endurecerían los criterios para la regularización de inmigrantes. 

De todas las enmiendas que han llegado este jueves al Congreso provenientes del Senado, había dos que estaban vetadas y que, por lo tanto, no se han podido votar. Una prerrogativa de la Constitución otorga al Gobierno el derecho de veto a una ley cuando considera que esta afectaría los presupuestos generales del Estado. El ejecutivo de Pedro Sánchez hizo uso de esta prerrogativa para dos enmiendas del PP que endurecían los controles para la regularización de inmigrantes a través de una modificación de la ley de extranjería. Los populares modificaban los criterios para dar papeles a estas personas y exigían que presentaran un documento que acreditara que no tenían antecedentes penales; actualmente, en caso de no poder acreditarlo por trabas administrativas del país de origen, el inmigrante se regulariza a cambio de una “declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales”. Junts per Catalunya habría votado a favor.

El Gobierno veta las enmiendas que endurecerían la regularización de inmigrantes

El PP también incluyó otra enmienda que obligaba, en el plazo máximo de dos años, a ampliar con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma. La excusa del Gobierno para vetar las dos iniciativas fue que sacarlo adelante supondría la creación de 400 plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería que comportaría un coste adicional de 17 millones de euros. Y la creación de 491 plazas de fiscales implicaría un coste de 54 millones de euros. 

El Congreso sí que se ha pronunciado sobre el resto de enmiendas. Una del PSOE, que se ha aprobado, incluía un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico para exigir mayor castigo penal (con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses) para los delitos vinculados con los cultivos indoor de marihuana, donde a menudo se comete fraude de suministro de electricidad.

La ley de multirreincidencia, al detalle

La ley de multirreincidencia impulsada por Junts y aprobada este jueves de forma definitiva en el Congreso impone una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo robado no excede los 400 euros. Pero el castigo puede ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si el infractor ya ha sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves. La norma también modifica el artículo 235 del Código Penal para imponer penas de uno a tres años de prisión por el hurto de móviles y ordenadores. El texto recuerda que estos dispositivos no solo tienen valor económico, sino también personal, por la información delicada que contienen. De hecho, este agravante no se aplica si el robo es de un móvil nuevo en una tienda.

La norma también entiende la previsión del castigo por multirreincidencia en los casos de estafa. Para fijar la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, la pérdida económica causada a la persona perjudicada, las relaciones entre la víctima y el defraudador, así como cualquier otra circunstancia que sirva para valorar la gravedad de la infracción.

También se podrá imponer cautelarmente al delincuente "la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas". La reforma también reconoce legitimación a las entidades locales para ejercer la acción penal en delitos de hurto, con el objetivo de reforzar la implicación de los ayuntamientos ante la multirreincidencia.

Asimismo, se establece una pena de prisión de uno a cinco años por el llamado petaqueo, una medida contra las narcolanchas. Se castigará "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.