Prescrita. Es lo que ha acordado la Audiencia Nacional de la condena de tres años de prisión que el Tribunal Supremo, de forma irregular, impuso a Olga Álvarez por un delito contra las instituciones del Estado en la protesta llamada Aturem el Parlament, en el 2011. La Audiencia Nacional detuvo la ejecución de la condena al haber pedido el indulto al Gobierno, tanto del PP como del PSOE. Como no obtenía respuesta, y al superarse los cinco años que fija la ley en la prescripción de condenas inferiores, el tribunal, con la aprobación del fiscal, acuerda la prescripción, que solicitó el abogado de Olga, al penalista Benet Salellas.
En el caso de Olga, la resolución de la Audiencia Nacional, conocida hoy, es del 18 de noviembre pasado, y uno a uno el tribunal ha ratificado la prescripción a los otros siete condenados: José, Àngela, Ciro, Rubén, Carlos, José Maria y Jordi. El junio pasado, el pleno del Tribunal Constitucional (TC), dividido, confirmó las condenas de tres años de prisión a los ocho condenados por el asedio al Parlament. El ponente, el magistrado conservador Antonio Narváez, fue partidario de ratificar la sentencia del Tribunal Supremo que los condenó a tres años de prisión, mientras otros tres magistrados consideraron el castigo "desproporcionado".
Los ocho jóvenes, además, han esquivado la aplicación de una reforma dictada por el Tribunal Constitucional, que fija que la suspensión de la ejecución de una condena, mientras se tramita un indulto o un recurso de amparo, no permite continuar el cómputo de cumplimiento. En el caso de los condenados por el asedio del Parlamento, la suspensión de su castigo fue antes de este cambio normativo, y por eso no se les puede aplicar, razona el tribunal. Es decir, que mientras esperaban una respuesta del Gobierno, el tiempo para la prescripción iba corriendo. Hasta superar el límite de 5 años, ya que fueron condenados en sentencia firme el 17 de marzo de 2015.
Marchena
La condena de los jóvenes de Aturem el Parlamento fue polémica. La Audiencia Nacional los absolvió a todos. El magistrado Ramon Sáez Valcarcel, que era el ponente del tribunal, indicó que se habían producido situaciones graves contra algunos diputados, pero no se había acreditado el delito en los acusados. El Tribunal Supremo, con el magistrado Manuel Marchena los condenó de forma irregular, ya que no hizo una vista con los afectados para revisar la absolución (cómo el TEDH condenó España en el caso Atutxa). El tribunal les impuso tres años de prisión por "la intimidación ambiental" creada, concepto no jurídico que el juez Llarena copió en el 2019 para hacer encarcelar a los líderes independentistas haciendo imaginario una ambiente de supuesta violencia.
En el procedimiento, los familiares de los jóvenes también criticaron el posicionamiento del Govern de Mas por mantener la acusación a los jóvenes, todo y que, después, la Mesa del Parlament se mostró a favor de los indultos. Las movilizaciones fueron contra la aprobación del presupuesto de la Generalitat, que incluía importantes recortes en salud y educación.