Insistencia. A pesar de la plantada, la comisión de investigación del CatalanGate que puso en marcha el Parlament ahora hace unos meses vuelve a hacer el mismo llamamiento que ya hizo, y ha pedido la comparecencia como testigos de una delegación de representantes del Estado. Está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios nombres importantes de su e:jecutivo las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, así como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. También se ha citado la exministra Carmen Calvo, además del fiscal general del Estado, Álvaro García; el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo, y la exdelegada del Gobierno en Catalunya Teresa Cunillera. Todos ellos están llamados a asistir a la próxima comisión, que tendrá lugar el próximo 14 de marzo a las 15.00 horas.
En total, nueve nombres citados a declarar, si bien no se espera ninguna novedad con respecto a la semana pasada, cuando ninguno de ellos decidió presentarse a la primera sesión de trabajo. Ellos mismos ya habían avanzado, cuando fueron convocados, que no estarían para no considerar el Parlament el órgano pertinente al cual responder por al caso de ciberespionaje más importante que se ha vivido en Europa, con una sesentena de activistas independentistas espiados.
Durante la sesión del pasado viernes, los grupos independentistas no se ahorraron las críticas contra el presidente español y su gobierno. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, denunció un "menosprecio" a la cámara, así como a la ciudadanía de Catalunya, y aseguraba que seguirían trabajando para investigar "aquello que quieren esconder". Desde Junts, el portavoz Josep Rius denunció que "la negativa denota que no hay voluntad de aclarar unos hechos que son un escándalo y una preocupación mayúscula por la mayoría de democracias". Y la diputada de la CUP Montse Vinyets defendió que las ausencias "constatan que el sentido de esta comisión es más necesario que nunca". El único compareciente fue el exsíndic de greuges, Rafael Ribó, que denunció el uso del software Pegasus y defendió su prohibición como "la opción más eficaz".
El españolismo, contra el informe Pegasus
La decisión de volver a convocar a los representantes del Estado llega el mismo día que, en Bruselas, PSOE, PP, Cs y Vox hayan presentado enmiendas al informe del Parlamento Europeo sobre el espionaje con Pegasus para censurar las referencias a los 65 catalanes con vínculos al independentismo que lo han sufrido. Entre las 1.281 enmiendas presentadas al documento, se encuentran las del unionismo español, con que pretenden minimizar las referencias al Catalangate, a los espiados, así como a los procesos judiciales iniciados por toda la UE. Por contra, tanto ERC como Junts han propuesto añadir más precisiones sobre el espionaje del Estado español al movimiento independentismo.