Han tenido que pasar hasta cinco meses desde que estalló el CatalanGate, el caso de espionaje masivo a una sesentena de dirigentes políticos y sociales independentistas a través de los programas Pegasus y Candiru. Y por fin este miércoles se ha puesto en marcha la comisión de investigación en el Parlament de Catalunya, una vez superadas las diferencias entre partidos independentistas. Se ha constituido esta mañana en una sesión donde se ha escogido a la republicana Meritxell Serret como presidenta. La comisión, sin embargo, estará muy limitada. Y más ante la negativa de los socialistas de crear una en el Congreso de los Diputados. Bajo la lupa está qué papel jugó el CNI. No han asistido diputados de Ciudadanos ni el PP, pero sí de Vox.
Se ha constituido sin problemas. Ha arrancado con la votación de la propuesta de la republicana Meritxell Serret como presidenta de la comisión de investigación, una votación en urna que la ha ratificado con ocho votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. También han sido escogidos el portavoz de Junts, Albert Batet, como vicepresidente de la comisión, y la diputada cupera Montserrat Vinyets como secretaria del mismo órgano. Todavía falta por definir el plan de trabajo y la lista de comparecientes.
En este sentido, la presidenta electa de la comisión ha denunciado que "el Estado ha vulnerado nuestros derechos y queremos los responsables". Meritxell Serret ha sostenido que la creación de esta comisión "nos servirá para esclarecer los hechos, saber qué ocurrió y quién lo organizó". Ha avisado de que son necesarias "responsabilidades" y "garantías de no repetición". En la misma línea, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado que se trata del "caso más grave de espionaje en la Europa del siglo XXI" y ha valorado que esto es "la primera piedra" para poner luces y taquígrafos. Rius ha lamentado el bloqueo del PSOE en el Congreso de los Diputados, a diferencia de lo que está haciendo también el Parlamento Europeo. El dirigente juntero ha avanzado que citarán a todos los que puedan tener responsabilidades directas o indirectas, también del Gobierno.
La comisión de investigación tendrá un año para hacer su trabajo y elaborar un dictamen de conclusiones que sea debatido y votado por el Parlament de Catalunya. La voluntad es poder emprender las acciones legislativas y judiciales que concluyan y exigir las pertinentes responsabilidades políticas, penales o civiles. El objetivo también es que asistan especialistas, técnicos, responsables políticos, funcionarios públicos e incluso altos cargos de la Administración General del Estado. Otra cosa diferente es lo que se acabe consiguiendo. Como ya se ha visto en otras ocasiones, la cámara catalana no tiene la fuerza para obligar a comparecer a quien no lo quiere hacer.
Cinco meses atascada
Aprobada por ERC, Junts, la CUP y los comunes, la comisión de investigación del CatalanGate ha estado atascada durante cinco meses por las discrepancias entre sus impulsores. El pasado 28 de junio era la CUP a quien hacía un golpe sobre la mesa y denunciaba que ERC y Junts la estaban "boicoteando". El principal escollo entonces era quien tenía que presidir este órgano investigador. La semana pasada era ERC quien presionaba para que se constituyera y se pusiera "hilo en la aguja". Este lunes, la vicepresidenta de la Mesa en funciones de presidenta, Alba Vergés, convocaba por fin la sesión constitutiva.