Al día siguiente de la victoria del Barça contra el Madrid, un portavoz ironizaba antes de entrar este viernes a la comisión de investigación del Catalangate en el Parlament de Catalunya: "Las autoridades españolas han hecho un pleno al 15". En la primera sesión de trabajo, habían sido citados el presidente español Pedro Sánchez, además de varias de sus vicepresidentas y ministros. Sin embargo, tal como adelantaron cuando fueron convocados, ninguno de ellos se ha presentado. De esta manera, solo se ha podido celebrar una de la docena de comparecencias previstas: la del exsíndic de greuges, Rafael Ribó, que ha denunciado el espionaje masivo al independentismo con el software Pegasus, que ha instado a prohibir. A los ausentes se les va a enviar un segundo requerimiento.
Así, este viernes estaban convocados varios dirigentes y exdirigentes del Gobierno: el presidente Pedro Sánchez; las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz; los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska; la exvicepresidenta Carmen Calvo, y la exdelegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. Pero también se había convocado el fiscal general del Estado, Álvaro García; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y el juez del Tribunal Supremo encargado de las autorizaciones de seguimientos, Pablo Lucas. Casi todos los citados comunicaron que no asistirían, protegiéndose en varias opiniones del Consejo de Estado que los liberaría de la obligación. En el caso de Cunillera, en un burofax este jueves en el último minuto. El presidente de la comisión, Josep Maria Jové, les ha agradecido su "deferencia y educación". A diferencia de Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado, que ni siquiera han dado una respuesta al Parlament. Jové ha dejado constancia de las ausencias y les hará un segundo requerimiento.
Los grupos independentistas no se han ahorrado las críticas contra Pedro Sánchez y su gobierno. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha denunciado un "menosprecio" no sólo al Parlament, sino también "a la ciudadanía de Catalunya", y ha asegurado que seguirán trabajando para investigar "lo que quieren esconder". En los mismos términos de “desprecio” se ha pronunciado Josep Rius, portavoz de Junts, quien ha denunciado que “la negativa denota que no hay voluntad de esclarecer unos hechos que son un escándalo y una preocupación mayúscula para la mayoría de democracias”. En nombre de la CUP, la diputada Montse Vinyets ha recordado que los softwares sólo se vendían a Estados y ha defendido que las ausencias de las autoridades españolas "constatan que el sentido de esta comisión es más necesario que nunca". En cambio, desde el PSC han negado que sea un "menosprecio" del Gobierno y han argumentado que su control político se realiza en las Cortes españolas.
Unos obstáculos para investigar el Catalangate que se han podido evidenciar durante los últimos meses en el Congreso de los Diputados. Las diferentes propuestas de creación de comisiones de investigación en la cámara baja española han chocado con el veto de la pinza entre el PSOE, el PP y la extrema derecha de Vox.
Ribó: prohibición de Pegasus
El único que ha comparecido, pues, es Rafel Ribó, que ha denunciado el uso de programas como Pegasus o Candiru para el espionaje de representantes políticos y ha criticado que España parezca "una democracia con una Constitución militante". En este sentido, el exsíndic de greuges ha asegurado que sería un "gran honor" que el Parlament de Catalunya defendiera ante la Unión Europea la prohibición de estos softwares, con el objetivo de "proteger derechos y libertades". Tras haber realizado Ribó un informe justamente sobre el caso Pegasus, ha sostenido que la prohibición sería "la opción más eficaz".
Òmnium y la ANC
En su sesión del 20 de enero, la comisión aprobó, en el completo, la propuesta de comparecientes conjunta de ERC, Junts y la CUP, que incluye hasta 28 responsables políticos. Entre ellos, el presidente Pedro Sánchez, el president Carles Puigdemont (también miembro de la comisión Pegasus del Parlamento Europeo), los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, el expresidente Mariano Rajoy, las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, los exvicepresidentes Pablo Iglesias, Soraya Sáenz de Santamaría y Carmen Calvo, Félix Sanz Roldán (exdirector del CNI), Esperanza Casteleiro (actual directora del CNI) o el exjefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo. De la misma manera, se ha convocado a la delegada del Gobierno Maria Eugènia Gay y sus predecesores Enric Millo y Teresa Cunillera.
Además de eurodiputados que como Puigdemont integran la comisión de investigación, se han citado también dos dirigentes de la Comisión Europea: Didier Reynders, comisario de Justicia, y Vera Jourova, comisaria de Valores y Transparencia. No es el único representante internacional. Hay que añadir a José Alfonso Suárez, representando de la Oficina de México ante el Consejo de Europa, para explicar el caso mexicano. Habrá que ver qué hacen todos ellos.
Por otra parte, en su sesión de este viernes, la comisión de investigación del Catalangate también ha acordado ampliar la relación de comparecientes. A propuesta de los grupos de ERC, Junts per Catalunya y la CUP, se ha incluido la citación de representantes de las dos principales entidades soberanistas, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana. Según ha explicado la portavoz republicana Marta Vilalta, se lo han pedido las mismas organizaciones.