Varios colectivos jurídicos catalanes, encabezados por Compromesos, han pedido al Consell dels Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de Catalunya (CICAC) que exprese su apoyo al abogado Gonzalo Boye ante la posibilidad de que sea sancionado o suspendido de profesión después de haber presentado una demanda con medidas cutelarísimas delante de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo.
La posibilidad de la suspensión de Gonzalo Boye llega después de que el mismo Supremo dictara tres autos en los cuales se ordenaba multar con 3.000 euros al presidente Carles Puigdemont, Toni Comín y Junts per Catalunya invocando el artículo 247 de la LEC. Junto con estos autos, el TS trasladaba al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid la petición de suspensión o inhabilitación de Boye.
En su comunicado, al que también han dado apoyo otras entidades como el Colectivo Praga, Derechos o Democracia y Justicia por Catalunya, la degradación de los órganos jurisdiccionales y una fuerte deriva represora en el Estado español. Se por eso que también piden que se cumpla íntegramente las recomendaciones del Informe Greco del Consejo de Europa con respecto a regular "de forma transparente" el nombramiento de los órganos de gobierno y los altos cargos de la Administración de Justicia.
También se pide que se nombre un chico president/a de los Consejo General del Poder Judicial de forma libre y que lo hagan los vocales del mismo Consejo. Además en más también piden revertir todas "las leyes represoras" como la Ley Mordaza, i los tipos delictivos introducidos en la reforma del código penal e transponer la normativa europea a la legislación española.