Mientras los comunes de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reiteran su inocencia, los trámites por la vía de la justicia siguen avanzando. Nos referimos a la investigación aceptada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones al Observatorio DESC de su gobierno municipal. El ministerio público admitió a trámite el mes pasado una denuncia presentada por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de dinero público y tráfico de influencias contra Colau.
Ahora, esta asociación va más allá y ha ampliado la denuncia a un "delito de organización criminal" con respecto a la entrega de 3,4 millones de euros en ayudas públicas en los últimos años de su mandato. La información la avanza el diario ABC, e incluye nombre y apellidos de los cargos supuestamente implicados.
En su nuevo escrito presentado ante la Fiscalía señala directamente a otros responsables municipales que han acabado dando el salto a la política nacional como Jaume Asens, actual presidente de Unidas-Podemos en el Congreso, el diputado Gerardo Pisarello y Eloi Badia, concejal desde el 2015. Su condición de aforados, en el caso de Asens y Pisarello, obligaría a elevar la causa hasta el Tribunal Supremo si finalmente fueran acusados. Hay que recordar que, aparte de Colau, también se ha puesto el foco en la concejala de Derechos Sociales, Laura Pérez, así como en las antiguas ediles Gala Pin y Laia Ortiz.
Justo antes de hacerse pública la ampliación de esta denuncia, desde Barcelona en Comú, escribieron este tuit el pasado 20 de abril: "¿Sabéis qué tienen en común los fondos buitre, los propietarios de hoteles de lujo, Abogados Catalanes por la Constitución o AGBAR? Que se han querellado contra nosotros porque hemos priorizado el interés general de la ciudadanía. Y no nos intimidarán". Y califican la situación de lucha entre la Barcelona representada por su partido frente a los lobbies que forman estas instituciones.
Abogados Catalanes asegura que los hechos se pueden calificar de criminales por el reparto de papeles entre miembros del partido, una actuación prolongada de estas prácticas a lo largo del tiempo, la existencia de comisiones de delitos graves, actuaciones transnacionales, blanqueo de capitales, influencia de cargos públicos y sobre instrumentos jurídicos, y la creación de estructuras económicas para ganar poder: "En vista de la existencia de una red de personas organizadas, jerarquizada, con cometidos concretos dentro de un organigrama, permanente en el tiempo, y en la cual cada individuo tiene una misión y trabaja en un sentido concreto, podríamos, presuntamente, estar ante un delito de organización criminal o grupo criminal", detalla la denuncia.
Foto de portada: Ada Colau en el cierre de las jornadas Barcelona reAct para la reactivación económica.