Desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se desentienden totalmente del hackeo y espionaje a Roger Torrent y Ernest Maragall. Después de que los dos dirigentes de ERC hayan anunciado una querella contra el expresidente del organismo Félix Sanz Roldán, fuentes de los servicios secretos españoles aseguran que no han tenido "absolutamente nada que ver con este tema" y que ellos "actúan siempre de acuerdo a la legalidad". En este sentido, expresan "plena confianza" en que la administración de justicia "llegará hasta el final" si se denuncian los hechos. De momento, todos los indicios apuntan hacia el CNI.
Este mismo jueves, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, y el líder de la oposición al Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, han anunciado una querella contra quien fue director del CNI, Félix Sanz Roldán, por el espionaje contra ellos a través del hackeo de sus teléfonos móviles. Este pirateo, destapado por una investigación de los diarios El País y The Guardian, se hizo a través del programa Pegasus, de la empresa israelí NSO y que sólo pueden comprar gobiernos estatales.
El Ministerio del Interior ha negado "ninguna relación" con la compañía NSO, pero el CNI, que depende del Ministerio de Defensa, es otro caso. Según ha publicado hoy El País, los servicios secretos disponen de este programa, aunque no se sabe desde cuando. Además, desde el año 2015 el independentismo catalán forma parte de los objetivos informativos del CNI, porque lo consideran una amenaza a la unidad de España y el ordenamiento constitucional.
El abogado Andreu Van den Eynde, que actúa en representación de Torrent y Maragall, ha explicado en una entrevista en RAC1 que una "vez tenemos evidencias técnicas" que se produjo el ataque contra los líderes de ERC, se ha decidido tirar adelante con la querella contra Sanz Roldán, el máximo responsable del CNI en el momento del espionaje. No obstante, no se descarta que durante la investigación aparezcan otros posibles autores.
El Gobierno, "ninguna constancia"
Este martes, después del Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero, se lavó las manos aunque sólo puede ser comprado por gobiernos. "El gobierno no tiene constancia de que el presidente del Parlament haya sido víctima de un hackeo a su móvil", aseguró en este sentido. Le dijo que, en todo caso, lo denunciase ante los tribunales, pero que ellos no tienen nada que hacer en este asunto.