Espionaje confirmado. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió a los diputados de la CUP, con la autorización del juez del Tribunal Supremo que regula este órgano del Estado, según una comunicación del Consejo de Ministros del 29 de junio pasado, conocida este lunes. En concreto, Carles Riera tuvo el móvil intervenido dos años, entre el 23 de junio de 2020 y el 24 de mayo de 2022; David Fernández seis meses, del 18 de diciembre de 2019 al 2 de junio de 2020, mientras que de Albert Botran se sostiene que no fue espiado, a pesar de que la pericial de los Mossos lo confirmó, como la de Riera. El Consejo de Ministros ha aceptado desclasificar esta información, a petición del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que investiga el espionaje a los cupaires. Por primera vez, el CNI ha reconocido que ha espiado a David Fernández porque no estaba en la lista de los 18 espiados que admitió en la comisión de secretos oficiales del 2022.
El Gobierno del PSOE, sin embargo, no ha aceptado informar de los "medios o procedimiento" usado. Es decir, si infectó sus móviles con el software Pegasus, como ya se ha evidenciado. Benet Salellas, abogado de los tres, pidió esta desclasificación y que parcialmente se admitió en una comisión de secretos oficiales a puerta cerrada. La investigación del Catalangate destapó este espionaje de Estado el año 2022, que afectó al menos a 65 personas, entre políticos, activistas y abogados del independentismo catalán. Semanas después, el CNI solo reconoció a 18.
"Actividades contrarias a la Seguridad Nacional"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, firma esta autorización de dar información parcialmente del espionaje del CNI a los políticos independentistas y solo se justifica que supuestamente harían "actividades contrarias a la seguridad nacional" y que fue "legal" porque tenía autorización del magistrado del Supremo. Nada más. El juez de control del CNI, Pablo Lucas, que autorizó el espionaje al independentismo, fue renovado en este cargo hace dos años, sin cuestionarse su tarea, a pesar de que organismos internacionales han pedido que se depuren responsabilidades. Precisamente, Amnistía Internacional denunció a la Fiscalía porque "obstaculiza" la decena de investigaciones abiertas en juzgados de Barcelona sobre el espionaje del CNI con Pegasus.
Hay que recordar que en 2019 se promovió en Catalunya una gran movilización, denominada Tsunami Democrático, contra la sentencia del Tribunal Supremo, que en septiembre de aquel año, condenó a elevadas penas de prisión a los presidentes de Òmnium y el ANC y una parte del Govern, con el president Carles Puigdemont, que marchó al exilio, por promover el 1-O y la independencia del país. Después de tres años en la prisión, el gobierno español socialista indultó parcialmente a los 9 presos políticos en junio de 2021. Además, Pedro Sánchez permitió que se espiara a políticos catalanes, como por ejemplo la CUP y ERC, mientras negociaba su reelección, tal como se ha evidenciado en el espionaje del entonces president del Govern Pere Aragonès.
El Ministerio de Defensa también permite que la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, declare como testigo solo en cuanto al espionaje de Riera y Fernández. La duración de dos años en el espionaje de Riera es sorprendente y coincide con el confinamiento para erradicar la pandemia de la covid-19. En febrero de 2022, Riera fue nombrado secretario tercero del Parlament, donde fue diputado hasta junio de 2024.
En aquella época, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investigaba activistas y políticos como organizadores de Tsunami Democrático, con la acusación de terrorismo (para que no se les aplicara la ley de amnistía), y la Guardia Civil intervino teléfonos. En la lista de la decena de investigados no estaba el diputado de la CUP. Al final, el juez imputó al president en el exilio Carles Puigdemont y a la exsecretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Sin embargo, en julio de 2024, García-Castellón fue obligado a cerrar la causa porque prorrogó de forma "ilegal" la investigación, según la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.