Corresponde al Estado hacer pasos para reconducir la tensión institucional entre los gobiernos español y catalán. Así lo cree la consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, que apuesta por el "retorno" a una democracia ahora "no está" en Catalunya, lo que exige permitir la investidura de un nuevo president y la liberación de los presos políticos.

Tras la apuesta por el diálogo y la negociación del president Puigdemont, Ponsatí ha hablado de la necesidad de un "cambio de actitud política", que debe pasar por "parar la represión" y que se archiven las causas de los independentistas. En este sentido, Ponsatí se suma a la vía del president aunque matiza que quien debe tomar la iniciativa es el Estado.

"Los que han reprimido lo tienen que revertir", ha expuesto Ponsatí en una clara referencia al Gobierno de Rajoy. En una entrevista en Els Matins de TV3, la consellera refugiada en Escocia ha expuesto que no corresponde a los independentistas tender puentes para "reconducir" la situación, sino que este es un papel que corresponde al ejecutivo español.

Mientras se recompone la situación política, Ponsatí considera que hay que perseverar para investir un nuevo president y recuperar las instituciones intervenidas. Por esto, ha exigido al Parlament una "actitud decidida" y no caer en el "chantaje" para poder dar un paso adelante e investir a Jordi Sànchez.

Carga contra Llarena 

Ponsatí, que acude de nuevo ante el tribunal escocés este jueves, ha recordado que su causa aún está en una fase preliminar y que, según ha podido saber por su abogado, aún quedan "bastantes semanas" para que la justicia se exprese sobre su posible extradición.

Aún en el ámbito judicial, pero de vuelta a España, la consellera no ha dudado en cargar contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Ponsatí ha hablado sin tapujos de una "ficción absoluta", una "novela que escriben jueces politizados", en una referencia también dirigida a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que lleva la causa del major Trapero. La consellera cree que las acusaciones no tienen "ningún tipo de fundamento" y que responden a una voluntad de "represalia política".