Cincuenta y dos diputados de la Asamblea nacional de Francia, de buena parte del espectro político, han expresado su preocupación por la situación de los presos políticos catalanes y por la necesidad de encontrar una solución democrática en Catalunya.

En una carta publicada hoy en Le Journal du Dimanche, el medio centenar de diputados asegura que están "preocupados por la represión de los electos catalanes en España" y por eso han querido mostrar su "preocupación y desaprobación por aquello que nos parece una violación de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia".

El comunicado señala que "el debate político no se puede resolver mediante la represión" y recuerda que hay políticos catalanes que "se arriesgan a ser condenados a duras penas de prisión" por "haber querido organizar una votación".

"El respeto de las normas institucionales es una cosa, pero consideramos que el debate político no se puede decidir por la represión, por ataques a los derechos de las personas, por una forma de delito de opinión", añaden los diputados franceses, que concluyen que, "como muchas voces de España y de otros lugares, pedimos el apaciguamiento de tensiones y el fin de las medidas arbitrarias que afectan a los representantes electos del sufragio universal".

Mélenchon, entre los firmantes

Entre los firmantes del manifiesto se encuentra el presidente del partido de centro liberal UDI Jean-Christophe Lagarde, el secretario general del partido comunista francés, Fabien Roussel, o el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. También hay exministros de izquierdas como Marie-George Buffet, que ha sido candidata presidencial por los comunistas, o Sylvia Pinel, que fue el gobierno de Ayrault.

El manifiesto llega después de que el mes de marzo 41 senadores franceses de diversos partidos firmaran otro manifiesto para reclamar el "respeto por los derechos y libertades fundamentales en Catalunya" y denunciaran las "represiones" de los políticos catalanes. En ese texto, también advertían que la situación es un "verdadero ataque contra los derechos y las libertades democráticas".

El escrito causó polémica con el estado español, y el ministro Josep Borrell denunció lo que consideraba "el alarmante nivel de desinformación" de los senadores. El gobierno francés tuvo que emitir un comunicado asegurando que no le corresponde a Francia interferir ni valorar en asuntos españoles.