Hay una cifra que mantiene las protestas por la Casa Vallmanya tras "9 años de engaños y mentiras", y que no debería dejar a nadie indiferente. Según la plataforma Salvem Cal Macià, que este 25 de diciembre se ha vuelto a manifestar ante esta masía del término municipal de Alcarràs coincidiendo con el 92º aniversario de la muerte del president, la triste realidad es que las administraciones no han destinado ni un euro para salvar la Casa Vallmanya, pero han destinado 28 millones para reformar el Palau de Pedralbes.
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"Queremos poner de manifiesto que, para el Govern de la Generalitat de Catalunya, el patrimonio arquitectónico, histórico y nacional no existen si están situados más allá de La Panadella, produciéndose un tratamiento de segunda o tercera categoría hacia los elementos o bienes patrimoniales situados fuera del área de influencia de Barcelona, como es el caso de la casa del president Francesc Macià", han expresado este jueves de Navidad, en la sexta convocatoria navideña en la finca —bajo el lema "9 años de engaños y mentiras después: 28 M€ para reformar el Palau de Pedralbes, 0€ para salvar cal Macià-Casa Vallmanya"—.
Por un lado, la diferencia en el trato entre el patrimonio de Barcelona y el de Ponent; y, por otro, han querido denunciar "los engaños y mentiras que han sido una constante en este tema, como el acuerdo presentado a bombo y platillo hace dos años por el ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación de Lleida donde anunciaban la compra, la restauración de la casa y su incorporación a la red de espacios de memoria democrática". "Como todos los anuncios que han hecho las administraciones en los últimos años, se ha incumplido deliberadamente", han lamentado.
El portavoz de la plataforma, Ferran Dalmau, ha denunciado "la clara connivencia de las dos administraciones (Generalitat y Ayuntamiento) en el proceso de derribo de nuestro patrimonio histórico y nacional, en perfecta sintonía con la voluntad destructiva del propietario de la casa". Así, ha recordado que "tanto Ayuntamiento como Generalitat han enviado varios requerimientos a la propiedad en los últimos años y meses para que subsanara los problemas de estructura que amenazan la estabilidad de la casa y que ambas administraciones se niegan a hacerles cumplir sancionando a la propiedad, y vulnerando así la normativa y la Ley de Patrimonio Cultural Catalán". Según el portavoz, "se trata de algo inaudito y bastante asimilable a la prevaricación, que ambas administraciones se nieguen a hacer cumplir sus propios requerimientos y llevar a cabo una actuación subsidiaria que ellas mismas habían verbalizado y dictado, a pesar de que ya nada nos sorprende vista la desidia con la que han actuado los últimos 9 años".