Crece la tensión en Ceuta. Miles de ceutíes han vuelto a salir este miércoles a las calles para exigir la expulsión del país de los migrantes que cruzaron la frontera el pasado 30 de julio y que siguen en las calles de la ciudad autónoma fronteriza. Los manifestantes se han reunido ante la sede del Gobierno en Ceuta para reclamar también la dimisión de los responsables políticos de la gestión de la crisis, en una nueva jornada de alboroto en la ciudad casi un mes después del asalto masivo a la frontera. Decenas de personas han intentado echar de la playa de El Trampolín a los migrantes que aún quedan allí y las autoridades han tenido que intervenir para mantener el orden y evitar enfrentamientos.
La movilización se ha prolongado durante la tarde y se han coreado consignas e insultos contra el Gobierno o contra los migrantes, como "invasores expulsión" o "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Con numerosas banderas españolas a la vista y algún cartel con mensajes críticos, también han pedido la dimisión del presidente Pedro Sánchez y del delegado del Ejecutivo español en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. Los manifestantes han expresado su hartazgo por una situación que, según han denunciado, afecta a la vida cotidiana de la ciudad, con miles de migrantes todavía en distintos puntos de Ceuta y sucesos como peleas y altercados que han incrementado la sensación de inseguridad entre parte de la población.
La protesta se produce un día después de que el Gobierno concretara finalmente la designación de un mando único —a cargo del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres— para coordinar la respuesta a la crisis, una reclamación que el gobierno de la ciudad autónoma, en manos de Juan Jesús Vivas (PP), venía planteando desde hacía semanas. También este martes se ha sabido la intención del Ejecutivo español de habilitar nuevos emplazamientos, como polideportivos, para concentrar temporalmente a los migrantes que permanecen en la calle, facilitar su filiación y realizarles el correspondiente triaje para determinar la situación individual de cada uno y si tienen derecho a asilo o no, y así activar los procedimientos de retorno o expulsión.
Esta decisión no ha gustado a las autoridades ceutíes, que piden mantener la máxima normalidad en las instalaciones y entornos de la ciudad para evitar perjudicar a los vecinos. De hecho, los manifestantes han insistido en que rechazan que estos espacios se sitúen en las proximidades de zonas residenciales, colegios o entornos que puedan alterar la normalidad de los barrios. Así, reclaman que las medidas anunciadas permitan una solución rápida y efectiva a una situación que consideran insostenible. Finalmente, el Gobierno ha dado marcha atrás y ha rechazado hacer uso de los polideportivos para la acogida. No se han concretado los nuevos lugares escogidos, si bien Vivas ha explicado que la ciudad será consultada, con el objetivo de causar "la menor contestación posible".
Algunos vecinos de la localidad han denunciado en declaraciones a los medios presentes que los migrantes ocupan las playas, han afectado al comercio, al deporte y al inicio del curso escolar y han generado un ambiente de miedo, con algunos intentos de entrar en casas cercanas a las playas. "No hay derecho a que se apropien de una ciudad de esta manera, vivimos en cuatro manzanas", ha apuntado un manifestante en declaraciones a El País. Otra vecina ha explicado que sus padres viven frente a El Trampolín y que viven en tensión por intentos de entrada a través de su patio, mientras que ella no se atreve a salir a hacer deporte en el exterior.
La manifestación ha estado plagada de momentos de tensión, en los que la policía ha tenido que intervenir para evitar intentos de linchamiento a migrantes que se han cruzado por las calles al grito de "a por ellos". Un momento crítico se ha producido hacia la noche, cuando efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han impedido con gases lacrimógenos que la marcha llegara hasta la playa de El Trampolín, donde miles de migrantes llevan acampando desde el inicio de la crisis. Los antidisturbios han cortado el paso y evitado que lleguen a toparse, si bien medios sobre el terreno explican que un grupo de migrantes magrebíes ha respondido tirando piedras.
Ante la crispación en la ciudad, el ministro Ángel Víctor Torres ha hecho un llamamiento a la calma y ha avisado que "la violencia no conduce a nada y retrasa la normalización de la ciudad". Numerosos vecinos han increpado e insultado al ministro en su vaivén por Ceuta, ya sea fuera de su hotel o en la sede de la Delegación del Gobierno. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este miércoles al Gobierno que concrete "cuanto antes" los procedimientos, medios y plazos para lograr el retorno a Marruecos de los migrantes. "El eje fundamental es el retorno a Marruecos de los que llegaron y todavía están aquí", ha insistido Vivas.
Vivas ha reclamado también que el Estado asuma los costes extraordinarios derivados de la crisis y compense los daños ocasionados al tejido económico y social de la ciudad, así como el incremento del gasto público en servicios como limpieza, seguridad o Policía Local. "El Estado se tiene que hacer cargo", ha afirmado tras señalar que la población de Ceuta se ha incrementado en torno a un 15 % por la presencia de personas en situación de precariedad y que la crisis está provocando un "grave perjuicio" a trabajadores, empresas y autónomos. Ha mostrado su preocupación por los menores migrantes, cuya cifra ha situado actualmente en torno a 1.400 acogidos, aunque ha admitido que podrían ser muchos más los que permanecen en las calles. Vivas ha insistido en que Ceuta, con unos 84.000 habitantes, carece de capacidad económica, humana y de instalaciones para asumir una situación de esta magnitud.
Infancia se reúne con las comunidades autónomas por el reparto de menores
Paralelamente, este jueves se reúne el Ministerio de Juventud e Infancia con las comunidades autónomas para votar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes. El Gobierno cifra en 1.500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas, puesto que estas son más vulnerables ante el riesgo de sufrir agresiones. La cita de este jueves se prevé tensa, y Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde las políticas de Infancia están en manos de Vox en gobiernos presididos por el PP, no acudirán. Los consejeros de Vox impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.