Hasta 390 abogados catalanes han presentado este viernes un escrito tanto en los catorce colegios profesionales territoriales como en el Consell de l'Advocacia Catalana para pedir que se dé apoyo público al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, después de que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) denegara este jueves "por unanimidad y sin reservas" el amparo solicitado por Boye por las "amenazas, injurias y calumnias" que denunciaba sufrir a través de redes sociales por haber interpuesto una demanda contra el juez Llarena en Bélgica.
Uno de los abogados catalanes firmantes de la petición presentada este viernes y exdecano del Colegio de Abogados de Lleida, Simeó Miquel, se ha mostrado sorprendido y en desacuerdo con la posición del ICAM y ha lamentado que se hayan podido dejar vencer por la presión mediática. Aunque reconoce que en Catalunya no tienen jurisdicción sobre el amparo porque Boye está colegiado en Madrid, "es compañero nuestro y la abogacía catalana se tiene que pronunciar en defensa de un compañero que está siendo atacado y amenazado por el hecho de defender a alguien", ha dicho.
El colegio madrileño, a pesar de mostrar "solidaridad" con el letrado, afirmaba que las amenazas que denuncia haber recibido son "ajenas al ejercicio profesional" y que se han producido en redes sociales, donde hay "exposición pública" pero que es un "ámbito que no es propio del derecho a defensa". Simeó Miquel, en cambio, considera que "se está atentando al derecho de defensa". "No puede ser que se ponga a parir a un abogado por defender a una serie de personas", ha añadido.
Los casi 400 abogados catalanes se solidarizan con Boye con este escrito y recuerdan que los Estatutos del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya estipulan como una de sus funciones primordiales "velar por el prestigio de la profesión de abogado". Añaden, además, que la razón de ser de los Colegios de Abogados y el Consejo es, entre otras, la de garantizar y defender los derechos, la dignidad y el libre ejercicio de una profesión.
Es por eso que, denuncian, es "impensable" que un profesional se sienta "presionado, atacado o amenazado" a la hora de defender los derechos legítimos de su cliente y que no encuentre el amparo y el apoyo de las instituciones a las cuales pertenece para garantizarle la independencia y la libertad para ejercer su profesión. Y añaden que denegar este amparo es del todo "inaceptable" e "irresponsable" y deja a todo el colectivo "desprotegido".
En el escrito, lamentan que el decano de la corporación colegial haya tomado partido a favor del poder ejecutivo y judicial y "se haya declarado abiertamente y públicamente a favor de las actuaciones de un juez y en contra de otorgar ampara al abogado que tiene todo el derecho de ser protegido". "El disparate y la transgresión jurídica son descomunales", aseguran, ya que "no sólo se ha dejado desprotegido al abogado sino que la negación del amparo transgrediría derechos y libertades fundamentales de manera irreparable", han dicho.
Los colegiados que firman el escrito entienden que ni el Consejo ni ningún colegio adherido a este tiene que permitir que el hecho de ejercer la profesión de abogado "suponga un riesgo para la vida, el prestigio o la dignidad de la persona". También acusan al decanato del Colegio de Abogados de Madrid de "negar la dignidad y la protección al compañero Boye de una manera tan injustificada como ignominiosa".