Bruselas descarta formalmente actuar a raíz de la clausura de páginas web por parte del Estado los días próximos al 1 de octubre del 2017, según ha podido saber la ACN. En respuesta a la carta enviada hace un año por el entonces secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, Jordi Puigneró, la Comisión Europea considera que el Govern puede recorrer a través de la vía judicial española y dice, además, que "un número significativo de páginas" ya se han reabierto. En la misiva, el ejecutivo comunitario indica al actual conseller de Polítiques Digitals que "las normas de la UE impiden el bloqueo o restricciones de webs salvo excepciones en cumplimiento de las leyes nacionales".

A todo ello, admite que las medidas "solo podrán imponerse si son apropiadas, proporcionales y necesarias dentro de una sociedad democrática", sin posicionar sobre si se aplica o no al caso de las webs del 1-O.

"Desde el Govern de Catalunya creemos que la Comisión Europea se ha visto obligada a mover ficha y en cierta manera abre la puerta a admitir que el cierre de webs, dominios y aplicaciones se hizo de manera desproporcionada por parte del Estado", asegura Puigneró.

La carta de Bruselas fue enviada el jueves pasado, dos días después de que el conseller acudiera a la Defensora del Pueblo Europea, y está firmada por el director general de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnologías de la Comisión Europea, Roberto Viola, en nombre del vicepresidente y comisario de Mercado único digital, Andrus Ansip.

Derechos digitales en la UE

Como secretario de Telecomunicaciones, Puigneró denunció a Ansip el 24 de septiembre del 2017 la infracción de varias directivas europeas en materia de derechos digitales por parte del Estado durante los días previos y posteriores al referéndum del 1 de octubre.

Según recoge la carta de Roberto Viola, entre los ejemplos citados por el Govern en la queja entregada entonces hay la obligación de la fundación puntCat de bloquear todos los dominios .cat que pudieran recoger información sobre el referéndum o la petición para que los diferentes servidores de internet no permitieran el acceso a webs sobre la votación o páginas publicitadas por algún miembro del Govern a través de las redes sociales.

En la misiva se insiste en que las normas de la UE sobre el acceso libre a internet prevén de forma general que se impida el bloqueo o restricciones de webs, si bien se acuerda de que existen excepciones, cuando hay una orden judicial por el medio.

Se matiza también que la implementación de las restricciones, en caso de ser aplicadas, tiene que ser sujeto "a procedimientos adecuados y conformes a la Convención Europea por la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y con los principios generales de una comunidad de derecho, incluyendo la protección judicial eficiente".

La CE dice que ya se han reabierto 32 webs bloqueadas

Ya al final del texto Viola escribe que "recientemente" los servicios de la Comisión Europea han comprobado que un número "significativo" de páginas inicialmente bloqueadas ya no lo están e identifican 32. Por el contrario, el alto funcionario constata en la respuesta a Puigneró que la web ref1oct.cat sigue bloqueada por orden de un tribunal en el contexto de un proceso judicial y recuerda que "la legalidad de este tipo de órdenes está sujeta a posibles recursos judiciales de conformidad con la legislación nacional".

La Comisión Europea ha tardado un año en responder a la queja de Puigneró, que el martes pasado llevó a la Defensora del Pueblo Europeo la falta de respuesta de la UE ante "la represión digital" el 1-O. "Pedimos que la UE se posicione sobre unos hechos muy graves que ocurrieron en nuestro país en el ámbito digital", afirmó la semana pasada el conseller, que esperaba que el requerimiento tuviera "los efectos que tiene que tener" y provocara un "posicionamiento formal" por parte del ejecutivo comunitario.