Si el 155 sirvió para "descabezar" a los dirigentes independentistas, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos hace días señalan una nueva preocupación en las filas del proceso, que desconcierta por su liderazgo difuso, una acción combativa en las calles y auto coordinada desde la base, pero con una organización ciudadana nada estable, a diferencia de Òmnium y ANC. Son los 'Comités de Defensa de la República' (CDR), por los cuales, los líderes Pedro Sánchez y Albert Rivera instan ya a Mariano Rajoy a tomar medidas urgentes.

El hecho es que "germen de la kale borroka", "violencia" e "insurrección" es la concepción que se apunta desde Madrid de un fenómeno nacido con el fin de blindar los colegios el 1 de octubre. Entonces se llamaban los "Comités de Defensa del Referéndum" y estaban formados por asociaciones de vecinos y entidades soberanistas, en respuesta organizativa a las prohibiciones del Tribunal Constitucional al Govern ante su celebración. Aunque la composición social era diversa, el espectro de la CUP fue su promotora en muchos pueblos y ciudades como Barcelona.

Si bien, la actividad de los CDR ha evolucionado hasta adquirir un carácter continuado y se ha materializado en lo que los estudiosos califican de "resistencia civil"; es decir, la resistencia que un grupo determinado lleva a cabo para desafiar o sobrepasar una autoridad, o poder, como un Estado. Son ejemplos el corte de carreteras, o levantar de barreras de peaje, acciones que, según publicaba el diario El Mundo, académicos habrían teorizado que podrían cambiar el estatus quo de una comunidad si un 3'5% de la población las llevara a término sistemáticamente.

Ciertas acciones producidas a raíz de las convocatorias de los CDR alimentan ya un relato sobre el "carácter de mayor violencia" entre el independentismo

Pero si las alarmas han saltado en los últimos días es porque ciertas acciones podrían suponer delitos de desorden público, desobediencia, o vandalismo, y además, son percibidas como actos de violencia por parte de algunos ciudadanos. Segundo, porque ciertas convocatorias de protesta por parte de los CDR han derivado en disturbios minoritarios, pese a que graves, como la quema de neumáticos, contenedores, o enfrentamientos con las autoridades policiales, como pasó el día de la detención de Carles Puigdemont en Alemania, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Barcelona.

La cuestión es que esos hechos alimentan un relato sobre el "carácter de mayor violencia" en el independentismo, como dijo el ministro Juan Ignacio Zoido. El propio secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos aventuró que eran el "germen de la kale borroka", como también hizo Javier Maroto (PP), es decir, los actos de violencia en el País Vasco por parte de jóvenes simpatizantes de la izquierda abertzale. "Es la cara oculta del nacionalismo, un señalamiento a quien piensa diferente" denunciaba Rivera, quien los calificaba de "mandos separatistas violentos" con las autoridades, entre otras cosas, por los Mossos heridos.

La respuesta, pues, se prevé en forma de consecuencias políticas y sociales. La primera: Sánchez y Rivera han pedido a Rajoy que actúe para garantizar la seguridad y la movilidad, en virtud del 155 –y después de que el juez del 1-O Pablo Llarena haya recibido ciertas amenazas públicas. También, puede calar la idea de que el proceso fue siempre violento, llevando a justificar en el imaginario colectivo el procesamiento por rebelión al Govern. No se escapa a Puigdemont o Sànchez, quienes han apelado al carácter pacífico del soberanismo y el 1-O, recientemente, a través de las redes sociales.

Mientras tanto, por el lado de los partidos catalanes, este relato ha llevado a líderes como el de En Comú, Xavier Domènech a dudas en su plantemiento. Por eso, se habría disculpado tras un tuit de un usuario, quien le reprochaba que calificara a los CDR de "movimiento violento". "Mal expresado por mi parte, ninguna criminalización a la protesta ciudadana", decía. Desde el PSC, el secretario de organización Salvador Illa ha calificado que se levanten barreras de peaje como "insurreción", a la vez que ha abonado la teoría sobre que "no sería descartable que haya un enfrentamiento civil en Catalunya".

Así no sería casual que la expansión de protesta de los CDR se haya dado en los meses de 155, con el procés interrumpido y con los líderes de las asociaciones mayoritarias, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez encarcelados, así como parte del Govern en prisión o en el extranjero. Explica los motivos uno de sus integrantes, preguntado por El Nacional: "Canalizan la necesidad del soberanismo de hacer cosas", expone sobre la expectativa frustrada tras 1-O, y ahora que las formaciones políticas parecen haber abandonado la vía unilateral. 

Esta misma persona defendía la capacidad de autoconvocatoria, a menudo a través de canales de Telegram o WhatsApp, y la transversalidad ideológica del movimiento. La Guardia Civil, si bien, no parte en sus investigaciones de la misma versión de los hechos: según El Confidencial, atribuiría el liderazgo a figuras como Antonio Baños y David Fernández, exdiputados de la CUP, Marcel Mauri, de Òmnium, o el activista Ruben Wagesberg. En el informe se señalaría el papel de los CDR en los "paros de país" del 3-O y el 8-N, gestadas presuntamente en "talleres" para "impedir el ejercicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad".

Al respecto, se apunta ya la posibilidad de que la acción de los CDR afectara a la economía, por los paros en la movilidad y el temor generado en el turismo, cómo denuncia a Albert Rivera. Si bien, las personas consultadas justifican que las acciones de los CDR serían "muy minoritarias" y podrían tener el mismo impacto que una huelga. Ahí, la presunta relación entre proceso y la marcha de la sede fiscal de empresas se mantendría como uno de los argumentos clave de los partidos del 155, a pesar del decreto de la Moncloa que lo facilitaba, argumentan los independentistas.