Recta final. La causa penal contra ex altos cargos de la Generalitat acusados de organizar el 1-O se reactiva un año después de estar embarrancada en la Audiencia de Barcelona para resolver la competencia entre dos investigaciones. La Audiencia de Barcelona resolvió, el enero pasado, que la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que ha procesado más de una veintena de excargos de la Generalitat y empresarios por haber organizado el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, tenía que resolver si asumía la causa de Exteriors, que se abrió después y en la cual la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona investiga una decena de cargos por haber promovido la independencia de Catalunya con actos en el extranjero, entre los años 2014 en el 2017, entre ellos el exconseller Raül Romeva. Con la resolución, la sección segunda de la Audiencia daba la razón al exsecretario de Acción Exterior, Aleix Villatoro, que está investigado en los dos juzgados y que presentó un recurso porque considera que son dos causas con hechos "de connexitat necesaria" y mantenerlas separados le perjudica. Ahora, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona hará una vista este miércoles, 14 de diciembre, para atender un segundo recurso de competencia, que en este caso es planteado por uno investigado en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona: el exdirector general del Diplocat, Albert Royo, que se considera afectado por esta doble investigación, ya que también fue procesado en el juzgado de instrucción 13. Cuando la sección segunda resuelva este recurso, la causa de los excargos intermedios por el 1-O (sumando los de Exteriors o no), finalmente, encarará la recta final, con la celebración del juicio, que hará un tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía ya tienen a punto el escrito de acusación.
La titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, denegó la unificación de las dos causas, el mayo pasado. En la resolución, la magistrada afirmaba que la investigación del 1-O se finalizó en abril del 2019, con el procesamiento de distintos cargos del Govern y que asumir la causa de Exteriors causaría más dilaciones y "elefantiasi procesal". El año pasado, la jueza derivó todos los tomos de la causa del 1-O en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que tenía que hacer la recta final del sumario, con la inclusión de más prueba si las partes lo piden y la presentación de los escritos de acusación y defensa, y después celebrar el juicio. Todo se enredó, cuando cerrada la instrucción del juzgado de instrucción 13, en febrero de 2021, la Fiscalía presentó una querella por la acción exterior, que recayó a la magistrada del juzgado de instrucción 18, Carmen García, y donde Villatoro y Royo son nuevamente investigados, así como Teresa Prohías, entonces directora de los Servicios de la Presidencia. Los abogados Ramón Setó, en nombre de Villatoro, y Judit Gené, de Royo, han impulsado estos recursos, que con el colapso de la Audiencia de Barcelona ha retrasado todavía más el final.
Dilaciones y la reforma de la malversación
La causa de los excargos del Govern por el 1-O seguramente llegará a juicio el próximo año, seis años después del Referéndum, hecho que implicará que se solicite por parte de las defensas dilaciones indebidas, que pueden rebajar las penas en caso de condena. El retraso (medio buscado) también favorecerá a los que están procesados por el delito de malversación de fondos en la causa del 1-O, ante el anuncio, el martes pasado, del presidente Pedro Sánchez, que aceptará una reforma si la presenta ERC, como ya hizo el viernes, con el objetivo de ayudar a los cargos pendientes de ser juzgados por el 1-O. El reto de ERC es alto: no aplicar la malversación a todos los investigados por el 1-O. El Gobierno ya lo ha rechazado. El año 2015, el gobierno del PP unificó y equiparó el delito de administración desleal al de malversación (embolsarse dinero público o darlos a terceros), así como sus penas, que pueden ser de hasta 12 años de prisión y 20 de inhabilitación.
En concreto, de las 24 personas procesadas, hay 16 acusadas de malversación de 4,3 millones de euros públicos. Estas personas se pueden beneficiar de la reforma del delito de malversación, incluso una vez hayan sido juzgados y condenados, tal como ahora se revisan sentencias con la Ley del 'solo sí es sí', si la nueva norma es más beneficiosa que el anterior. Los 4,3 millones de euros están depositados en el juzgado 13, y están duplicados en la causa principal, en el Tribunal Supremo, que derivó su cuantificación y recuperación al Tribunal de Cuentas. La Fiscalía ha rebajado el despilfarro a unos 3,9 millones de euros, incluso al sumar los gastos del 1-O y también de Exteriores. Precisamente, el Tribunal de Cuentas realiza este viernes en Madrid una vista preliminar en que las partes tienen que anunciar las pruebas que proponen por|para el juicio.
Un recurso sobre gasto del 9-N, pendiente
A pesar de la aparente moderación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Barcelona presentó un recurso contra los sobreseimientos dictados por la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona de unos gastos relacionados con la consulta del 9-N de 2014. El razonamiento de la magistrada Carmen García es que si la Fiscalía no acusó por malversación de fondos los preparativos del 9-N (los gastos se hicieron antes de la suspensión por parte del TC) -como tampoco condenó el TSJC ni el Tribunal Supremo- ahora no tendría sentido común ni jurídico abrir una investigación por el gasto de unas partidas relacionadas con el 9-N. La Audiencia de Barcelona hace meses que tiene que resolver este recurso de la Fiscalía. Antes, ya ordenó reabrir unos gastos aprobados por el exconseller Francesc Homs, en este caso, porque no se había hecho una mínima instrucción, la cual está a punto de cerrarse.
La denuncia de la Fiscalía se presentó en los juzgados el 2021, después de un exhaustivo análisis del informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del Govern relacionadas con la promoción de la independencia de Catalunya. Las defensas de los acusados denunciaron "mala fe" del ministerio público porque presentó la denuncia una vez cerrada la investigación por el 1-O y añaden que en la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ya se incluye como prueba el informe del Tribunal de Cuentas, pero nada se dijo de las partidas nuevas denunciadas.