El caso judicial que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro se juzgará en Tarragona. El juez que lleva el caso ha cerrado la puerta a enviar el procedimiento a los juzgados de instrucción de Madrid después de dictaminar que los juzgados tarraconenses son plenamente competentes para liderar el proceso. Al mismo tiempo, el juez ha acordado citar a ocho personas investigadas entre esta semana y el mes que viene por la presunta trama de favores fiscales a empresas gasísticas por parte del Ministerio de Hacienda, cuando lo dirigía Montoro en época de Mariano Rajoy. Montoro también es investigado en la causa, pero no ha sido citado de momento. La justicia investiga la mediación que habría hecho el despacho Equipo Económico, cofundado por el mismo ministro.
Según informa Europa Press, el juez ha desestimado la petición que habían hecho las defensas de algunos de los investigados para enviar la causa a Madrid alegando que los juzgados de Tarragona no serían competentes. El magistrado lo ha desestimado en un auto: "En el caso actual, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las actuaciones presentes", argumenta. Así pues, el 30 de abril declararán el director técnico y director general, respectivamente, de Messer. Dos directivos de Air Liquide declararán el 8 de mayo. También hay citaciones para el 12 de mayo.
¿Qué hechos investiga el juez?
El juez del caso Montoro busca aclarar si el exministro se aprovechó de su cargo para aprobar un paquete de leyes que podían beneficiar a las empresas de gases industriales que eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico. Este despacho lo había fundado el exministro cuando aún no estaba en el Gobierno y del cual se desvinculó cuando entró en él. En esta trama se investiga a personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.
En un auto, el juez llegó a decir que el despacho fundado por Montoro habría podido ofrecer a sociedades de diferentes sectores reformas legislativas que beneficiaran sus intereses económicos "en detrimento del sector público". Las investigaciones han puesto de manifiesto "la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiara exclusivamente a las gasísticas y dejara fuera a otros sectores", según la resolución. Este caso supuso un grave impacto mediático y comportó críticas por la vinculación del ministro de Mariano Rajoy en el asunto.