El 27 de noviembre del 2012 estallaba uno de los casos más complejos y con más ramificaciones de corrupción política. El caso Mercurio salía a la luz con un gran registro en el ayuntamiento de Sabadell, donde Manuel Bustos (PSC) era alcalde desde hacía 13 años. El caso es una telaraña política organizada que beneficiaba a intereses personales y partidistas a costa del interés público y con la implicación del entorno familiar de Bustos, responsables políticos del PSC, funcionarios municipales, cargos de confianza y empresarios.
El caso Mercurio pone al descubierto sobornos, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsificación de documentos y contrataciones irregulares. Los hechos que se investigan se sitúan entre los años 2010 y 2012, pero desde la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que actúa como acusación popular y es quien destapó el caso, las irregularidades se remontan a 1999.
Registro en el ayuntamiento de Sabadell el 27 de noviembre del 2012 - ACN
El caso Mercurio es un entramado de varias operaciones que derivan en casi 40 piezas judiciales. Algunas de ellas ya han ido a juicio, otras están a punto, pero quedan muchas pendientes de finalizar la instrucción. Desde la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció lamentan que "en estos 8 años se ha avanzado mucho menos de lo que sería justo y deseable para aclarar todos los hechos y depurar las responsabilidades de los encausados. La propia lentitud de la justicia, las prácticas obstruccionistas de las defensas de los imputados, los constantes cambios de funcionarios judiciales, y ahora los efectos de la Covid, han ralentizado en exceso la instrucción de las piezas y su traslado a juicio".
Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció en una rueda de prensa
Hasta ahora se han hecho tres juicios del caso Mercurio con ocho condenados, entre los cuales hay Manuel Bustos. Hay cuatro piezas con la instrucción acabada y pendientes de fecha de juicio. Una pieza se ha archivado, pero está pendiente de recurso, y seis piezas más están en fase de instrucción.
Las tres sentencias
Hay tres juicios con sentencia, una de las cuales ya es firme y confirmada por el Tribunal Supremo. Se trata del tráfico de influencias y prevaricación por las presiones a la alcaldesa de Montcada i Reixac para que designara a una persona afín al PSC como directora del Área de Territorio. El juicio se hizo en enero del 2015 y el tribunal condenó a Manuel Bustos, a su hermano Paco Bustos y a Daniel Fernández a 1 año y 4 meses de prisión, una multa de 60.000€ e inhabilitación durante 4 años, 6 meses y 1 día. A Maria Elena Pérez la condenó a inhabilitación durante 7 años.
El juicio por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos a Manuel Bustos por la retirada de multas de tráfico a su mujer y a su hijo está pendiente de un recurso al Tribunal Supremo. La sentencia condena a Bustos a 4 años de prisión, 12 años de inhabilitación especial y una multa. A Josep Miquel Durant, ex-teniente de alcalde de la Policía Municipal, a 6 años y 6 meses de prisión y 19 años de inhabilitación. Y a Xavier Izquierdo, exdirector del Área de Espacio Público del Ayuntamiento, a una multa y 5 meses de suspensión de ocupación o cargo público. El juicio se celebró en junio del 2018.
Manuel y Paco Bustos saliendo de uno de los juicios en la Audiencia de Barcelona
Y el tercer juicio con sentencia es el del 15 de octubre de este 2020 por malversación de fondos públicos por el uso irregular de la tarjeta VISA del Consorci de Residus del Vallès Occidental por parte de su gerente Francisco Fernández. Está condenado a 3 años de prisión, 4 de inhabilitación y una multa de 1.080 euros. Además tiene que devolver 32.042,20 euros. La magistrada suspendió su ingreso en prisión, bajo la condición de que no delinca en los próximos 5 años y realice un "curso formativo de ética en los negocios". Manuel Bustos estuvo condenado a devolver 326,59 € y Magdalena Gallardo 508,59 €.
Juicios pendientes
Hay cuatro juicios pendientes. Todos han acabado la fase de instrucción y falta sólo la fecha para empezar. Son los de las piezas 6, 18, 21 y 33.
El primero investiga la permisividad por parte de concejales del PSC por el vertido ilegal de tierras en la finca de Can Xupa, al lado de Ca n’Alzina. Hay ocho imputados: Jordi Soriano, Joan Manau, Ricard Estrada, Xavier Izquierdo, José M. Duran, Antoni Sánchez, José M. González y Joaquin Cañete.
Hay cuatro imputados más en el juicio urbanístico y por tráfico de influencias por querer hacer legales unas obras sin licencia en la calle Fernando Poo. Son Melquíades Garrido, Manuel Somoza, Daniel González y Angelina Català.
Pendiente también de fecha el juicio por falsificación documental, tráfico de influencias y prevaricación por rebajar el importe del IAE al concesionario Sitjas Motor SL. Los investigados son Melquíades Garrido, Josep Adrobau, Montserrat Capdevila, Josep Abellan, Xavier Izquierdo, José M. Caballero, Pilar Saura, José Teixidó y Luisa Garrido.
Y el último es contra la administración pública en motivo de una reunión orquestada por los responsables municipales para disuadir a un empresario que pretendía denunciar vertidos irregulares de tierras. En el banquillo de los acusados se sentarán Manuel Bustos, Manuel Somoza, José M. Duran y Julio César Pombo.
Piezas en fase de instrucción
Hay seis piezas en fase de instrucción. La 1, 22, 28, 31, 35 y 36.
En la primera se investiga un delito de soborno por el pago de dinero para obtener obra pública, como las del cementerio. Jordi Soriano, exconcejal del PP, aparece como principal responsable y beneficiario. Están acusados Jordi Soriano, Jordi Rojas Morató, Rafael Rojas Morató, José M. González Parra, Alfonso Pedro Izard, Francesc X. Pons, Guillem Ustrell, José Rios, Eva Ríos, Sandra Roig, Jordi Baldó, José Enrique Velilla, Isidoro Álvarez, Xavier Cadavall, Miquel Trecu, Eusebio Romero y Antonio Jiménez.
Las irregularidades en subvenciones públicas por cursos de formación al Constructors d’Obres de Sabadell i comarca también se están investigando todavía. Están imputados Melquíades Garrido y Emilio Gómez.
La pieza 28 que está en investigación está vinculada al caso Pokemon que investiga las concesiones al grupo Vendex en todo el estado español. La investigación en Sabadell se centra en un presunto tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, soborno, falsificación documental y fraude electoral. Todos ellos cometidos, según todos los indicios, por organización o grupo criminal con la finalidad de adjudicar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria municipal a la concesionaria SMATSA (Vendex) de modo irregular, a cambio de la financiación de actos electorales del PSC, pago de viajes a cargos públicos y funcionarios municipales, entre otros. Están investigados Manuel Bustos y su hermano Francisco Bustos, además de Gervasio R. Rodríguez, Eugenio À. Fernàndez, Cristian Sánchez, Ana Carrasco, Xavier Izquierdo, Francesc Feliu, Ricard Garrido, Joan Figueras, Rosa Quirante, Lluïsa Bruguer, Lourdes Millat, Marina Taltavull, Juan Manuel, Seijas Montserrat Martínez, Xavier Romero, Antonio Portillo, Victoriana Herrera, Maribel Carrasco e Isabel Pérez.
El otro juicio pendiente de Manuel Bustos es por los delitos contra la administración pública, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación, por la contratación a dedo en el Consorci de Residus del Vallès Occidental de personas vinculadas al PSC. Están imputados además del exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, Paco Fernàndez, M. Ascensión Díaz, Juan Fresno Haro y Juli Boadella.
La última investigación en marcha es por falsedad documental de una certificación aportada al expediente sancionador por las tierras vertidas en Can Xupa. Los acusados son Jordi Soriano, José M. González Parra, Jordi Rojas Morató, Rafael Rojas Morató, Ricard Estrada Santiago y J. Moreno Benjumea.
La pieza archivada
El juez archivó la pieza 25 que hace referencia a la Federació de Municipis de Catalunyapor malversación de fondos públicos por la concesión de subvenciones irregulares a la Fundación Privada ACSAR. El archivo está pendiente del recurso interpuesto por la Fiscalía y la acusación popular para poder reabrirse y están acusados Manuel Bustos, Montserrat Costa, José A. Cabanillas, Adolfo Moreno, Xavier Amor y Santiago Fontbona.
La investigación destapó también el cobro de dietas por parte de cargos públicos sin asistir a las reuniones. Esta parte se archivó por un defecto de forma.