Meritxell Serret se ha entregado a la justicia. Como el 2 de noviembre del 2017 hizo una gran parte del Govern de la Generalitat que no se había marchado al exilio. En aquel momento, sin embargo, ninguno de los consellers sabía qué les podían imputar, qué delitos podrían caer, y por lo tanto, cuántos años de prisión comportaba. No tenían previsto entrar para cumplir la totalidad de la condena.

El caso de Serret es diferente. Ya sabe los delitos que se le imputan y qué penas comportan. Con esta pequeña ventaja ha planteado su vuelta a Catalunya después de más de 3 años en Bruselas, donde ha ejercido de delegada del Gobierno. Ni siquiera su familia sabía que volvía. Sólo media docena de personas de su partido eran conocedoras de ello.

La misma Serret admite que la decisión se tomó hace pocos días y puso la "operación en marcha" que la ha llevado al escaño del Parlament de Catalunya este viernes, durante la constitución de la segunda institución del país.

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Serret en la constitución del Parlament / ACN

Carles Puigdemont, Toni Comín, a Lluís Puig y Clara Ponsatí se enteraron cuando se hizo pública su vuelta este jueves a media mañana. Han apuntado que Serret no estaba en la estrategia del exilio. "¿Qué estrategia?", se preguntaba Serret este viernes en una entrevista en el Matí de Catalunya Radio con Laura Rosel. "Yo estaba en el exilio", ha concluido. Es verdad que Meritxell Serret ha sido mucho más invisible que el resto de exiliados. Y que no formaba parte del Consell de la República. También es cierto que sus delitos no se pueden comparar a los del resto de exiliados. Su caso es como el de Carles Mundó, Meritxell Borràs o, incluso, Santi Vila. Ellos tres están inhabilitados, pero no han sido condenados a prisión.

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Meritxell Serret saliendo del Tribunal Supremo / ACN

El jueves Serret entró y salió del Tribunal Supremo en una imagen inédita. Las miradas se volvieron de nuevo hacia la puerta del alto tribunal en la calle Marqués de la Ensenada, por la que entraron los acusados del procés durante prácticamente un año.

Vía libre para Serret

Pablo Llarena ha dejado vía libre para Meritxell Serret. No ha cursado ninguna orden de detención y tampoco ha activado los trámites para su extradición.

Los movimientos del juez de la semana pasada sólo hacían referencia a Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí. El magistrado añadió a Marta Rovira. Se guiaba por los delitos, específicamente la rebelión de la que les acusa. Serret, por su parte, está acusada de sedición y malversación. De hecho, Llarena no la incluye ni en las preguntas que formula al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para fijar los términos en los que debe pedir la orden de detención del resto de exiliados, con tal que no se la bloqueen por tercera vez.

Meritxell Serret está acusada de desobediencia, un delito que no comporta pena de prisión, y de malversación. Aun así, el juez instructor Pablo Llarena no ha hecho ningún trámite para la orden de detención sobre este último delito, que sí que comporta penas de prisión. De hecho, en el sumario no se acredita este delito, no se demuestra que Meritxell Serret, desde la Conselleria de Agricultura, utilizara fondos públicos para financiar el referéndum del 1-O.

Mundó, Borràs y Villa también estaban acusados de este delito, pero la sentencia, finalmente, no la recoge y sólo los condena por desobediencia. Esto explica la reacción de Llarena con el caso Serret y la relativa tranquilidad con la que Meritxell Serret ha puesto los pies en España. No se había cursado contra ella ninguna orden europea de detención tras la sentencia del 14 de octubre de en el 2019. Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para tomar declaración y continuar el procedimiento contra ella. La pena prevista por el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.

Empezar de cero

La decisión del magistrado Pablo Llarena de dejar en libertad provisional a Serret, deja sin efecto la orden de busca y captura sobre ella y la situación de rebeldía de la exconsellera para la continuación de las actuaciones de acuerdo con Derecho, según el Tribunal Supremo.

El caso empieza de cero para Serret. Llarena la cita a declarar el próximo 8 de abril. Tendrá que comparecer ante la Fiscalía y todas las partes personadas, para responder sobre los delitos de malversación y desobediencia.

Llarena, sin embargo, la quiere tener controlada. Debe estar localizable, por eso ha tenido que acreditar su domicilio y teléfono. También tendrá que comparecer ante el juez cuando la cite, con la advertencia de que cualquier incumplimiento de las obligaciones comportaría la modificación de su situación personal.

Después de su declaración y de resolver la instrucción, con respecto a su caso Serret tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, como lo hicieron el resto de miembros del Govern, en un juicio en el Tribunal Supremo que podría acabar con una sentencia muy similar a la de Mundó y Borràs: 1 año y 8 meses de inhabilitación y una multa de 60.000 euros.

En el transcurso de la instrucción veremos qué acaban pidiendo la Fiscalía y la abogacía del Estado.

También hay que ver cómo avanza el proceso de Puigdemont, Comín, Puig, Ponsatí y Rovira. Si sigue adelante la extradición que pretende Llarena, habrá un nuevo juicio. Y en función de los tiempos judiciales, Serret podría acabar en el banquillo de los acusados con el resto de exiliados.

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