La consellera de Justícia, Ester Capella, considera probable que el Tribunal Supremo intente recurrir el tercer grado que el jueves pasado las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Wad-Ras otorgaron a los presos políticos. "Pedimos que la ley sea igual para todo el mundo. Que se actúe por razones de derecho, y no por razones de Estado", ha reclamado la consellera en una entrevista este viernes en Els Matins de TV3.
"Si analizamos lo que han hecho hasta ahora, es previsible" que el Supremo recurra la decisión, ha dicho Capella. Desde el Departament de Justícia consideran que esta situación es una anomalía y que lo que se tendría que tener en cuenta son las personas y el cumplimiento de la pena, y no su condición política.
Libertad para expresarse
Aunque pueden llegar a pasar dos meses antes de que se aplique el régimen de semilibertad de los presos políticos, la consellera Capella no ha descartado que puedan participar en actos de campaña de cara a unas posibles elecciones. "Los presos políticos no están privados de expresarse políticamente de manera libre", ha expresado Capella este viernes.
Oriol Junqueras, Raül Romeva y Josep Rull en la comisión de investigación del 155. / Sergi Alcázar
Aunque los presos políticos tienen capacidad y libertad de expresar sus ideas políticas, hay otros derechos de los cuales están privados, como presentarse en una lista electoral o ser elegidos diputados. "A mí lo que me gustaría es que estuvieran en libertad", ha subrayado la consellera.
Respuesta a la oposición
Después de saberse la decisión de las juntas de tratamiento, Ciudadanos pidió al Departament de Justícia la comparecencia ante el Parlament para justificar la decisión. "Compareceré porque tengo mucho respeto por las instituciones", ha confirmado Capella, que ha reiterado que el tercer grado y el 100.2 se pueden otorgar a todas las personas privadas de libertad.
"Somos transparentes, no hay nada que esconder y estamos trabajando de acuerdo con la ley", ha destacado la consellera. El jueves pasado el secretario de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, destacó durante la rueda de prensa que el tercer grado "no es un eximente de la pena" y quiso dejar claro que las juntas de tratamiento "no obedecen ninguna consigna política".