Junts ha vuelto a registrar en el Congreso su proposición de ley orgánica para delegar en Catalunya competencias estatales en materia de inmigración, pero lo ha hecho con cambios significativos en la exposición de motivos respecto al texto que había presentado en marzo de 2025. La parte articulada de la iniciativa —es decir, el contenido jurídico de la ley— mantiene las competencias que se delegaban a la Generalitat y que ya se reclamaban hace un año y medio, pero la justificación política y social de la propuesta ha sido considerablemente reformulada. La diferencia más evidente es que el texto registrado el 4 de marzo de 2025 dedicaba una extensa parte de la exposición de motivos a describir la realidad migratoria catalana, mientras que la nueva versión, registrada este 26 de agosto de 2026, opta por una justificación mucho más jurídica y centrada en el marco constitucional y estatutario.
El objetivo es que Podemos pueda avalar la nueva norma, ya que había tildado de "racista" la parte expositora de la ley. De hecho, Podemos hizo caer esta ley en el Congreso, votando junto a PP y Vox. El portavoz del partido, Pablo Fernández, llegó a afirmar en marzo de 2025 que no se trataba de un acuerdo para descentralizar competencias sino para "descentralizar el racismo". Sin embargo, en los últimos meses Podemos había puesto condiciones para negociar el traspaso de inmigración, entre las que se encontraban la regularización masiva de inmigrantes, cerrar los centros de internamiento de extranjería (CIE) y cambios en el preámbulo de la ley. Aunque los de Míriam Nogueras votaron a favor del trámite —es decir, que se pueda debatir— de una iniciativa legislativa popular para la regularización, ha sido muy crítico con la regularización que sí ha impulsado el gobierno español a través de un real decreto ley y que no tuvo que pasar por el Congreso. De hecho, incluso ha votado en contra en alguna moción en la cámara baja española. Con los cambios en la exposición de motivos, habrá que ver la posición de Podemos.
Del diagnóstico sobre la inmigración en Catalunya al artículo 150.2 de la Constitución
La proposición inicial comenzaba contextualizando la situación migratoria en Catalunya. El documento incorporaba datos sobre la evolución de la inmigración y señalaba, entre otras cuestiones, que solo en el año 2022 habían inmigrado a Catalunya 246.869 personas procedentes del extranjero, frente a las 91.511 registradas aproximadamente una década antes. Aquella exposición de motivos también ponía el foco en el impacto del fenómeno migratorio sobre la lengua catalana, recordando que el Estatuto define el catalán como lengua propia de Catalunya. A partir de este diagnóstico, defendía la necesidad de acercar la gestión de la inmigración a las administraciones más cercanas, especialmente la Generalitat y los entes locales.
En cambio, la nueva propuesta prescinde de este diagnóstico cuantitativo y social. La exposición de motivos de 2026 arranca directamente del marco constitucional: el artículo 150.2 de la Constitución permite al Estado transferir o delegar a las comunidades autónomas competencias de titularidad estatal que sean susceptibles de delegación. A continuación, el nuevo texto recuerda que el artículo 149.1.2 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, y contrapone esta competencia estatal con las atribuciones que el Estatuto reconoce a Catalunya en primera acogida e integración.
Desaparece buena parte de la justificación sobre el modelo catalán de integración
Uno de los cambios más importantes es que la propuesta de 2026 elimina buena parte del argumentario sobre el modelo de integración catalán que aparecía en el texto anterior. El documento de 2025 dedicaba varios párrafos a explicar que Catalunya quería desarrollar un modelo basado en derechos y deberes, con compromisos de integración, respeto por los valores cívicos y conocimiento de la lengua y la cultura catalanas. También aparecían referencias a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo, la educación y la igualdad de género. Esta argumentación desaparece prácticamente de la exposición de motivos del nuevo texto.
También queda fuera el largo recorrido histórico que la propuesta de 2025 hacía sobre la evolución de las políticas migratorias de la Generalitat, desde la creación de la Comisión Interdepartamental de Inmigración en 1992 hasta las diferentes estructuras administrativas creadas posteriormente.
Menos datos y más Estatuto
El cambio de filosofía de la exposición de motivos se puede resumir en el paso de un argumentario basado en la realidad específica de Catalunya a otro fundamentado sobre todo en el marco jurídico que permite la delegación. El texto de 2025 argumentaba que la realidad migratoria catalana, la experiencia de la Generalitat y la existencia de un marco legislativo propio justificaban la delegación. También defendía que era necesario dotar a Catalunya de los recursos legales, técnicos, económicos y humanos necesarios para gestionar el fenómeno migratorio desde la proximidad.
La nueva exposición de motivos, en cambio, se centra en el hecho de que el Estatut ya reconoce competencias catalanas directamente relacionadas con la atención, la acogida y la integración de los inmigrantes, y recuerda que otras competencias propias —como lengua, cultura, servicios sociales, educación, salud, empleo, vivienda o seguridad pública— también inciden en la gestión ordinaria de las situaciones derivadas de los movimientos migratorios. Es decir, el nuevo texto no necesita justificar tanto la dimensión del fenómeno migratorio ni explicar el modelo catalán, sino que pone el acento en la conexión entre las competencias que ya tiene Catalunya y las competencias estatales que se quieren delegar.
Se mantiene, sin embargo, el objetivo de la delegación integral
A pesar de los cambios en la justificación, el nuevo texto continúa presentando la iniciativa como una delegación de competencias estatales en materia de inmigración a la Generalitat, al amparo del artículo 150.2 de la Constitución. Y el articulado mantiene prácticamente las mismas grandes áreas que ya aparecían en la propuesta anterior: residencia temporal y de larga duración, contratación en origen, régimen sancionador, gestión de los CIE, seguridad en los puertos y aeropuertos y determinadas funciones relacionadas con el control fronterizo.
La ley de Junts plantea que el Estado delegue a la Generalitat diversas competencias ejecutivas en materia de inmigración, sin alterar la titularidad estatal de la competencia. Entre las funciones que pasaría a asumir la administración catalana se encuentra la gestión de las autorizaciones de estancia de larga duración y de residencia temporal, así como la documentación de los extranjeros y la expedición del NIE, con la Generalitat actuando como "ventanilla única".
El articulado también atribuye a Catalunya la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y capacidad sancionadora en los procedimientos administrativos de extranjería. La Generalitat podría instruir y ejecutar las devoluciones de extranjeros que no requieran expediente de expulsión y formular las propuestas de expulsión en los casos que sí lo requieran. También se prevé que Catalunya pueda determinar los perfiles y contingentes de trabajadores contratados en origen, aplicándoles las medidas lingüísticas vigentes.
Finalmente, la propuesta refuerza el papel de los Mossos d'Esquadra en materia de frontera y seguridad: participarían en el control fronterizo junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil y asumirían funciones de prevención, persecución y protección de las víctimas de tráfico y explotación. Para hacerlo posible, el texto prevé la incorporación de 1.800 nuevos agentes. La nueva versión registrada este 26 de agosto mantiene este articulado y modifica principalmente la exposición de motivos para intentar superar el rechazo de Podemos.