A Pedro Sánchez se le ha complicado estrepitosamente su comparecencia en el Congreso de los Diputados de este jueves. Este miércoles ha sido un punto de inflexión en la crisis del Gobierno con Ceuta, que ha quedado completamente aturdido. El día empezaba con la filtración de un informe de la policía española que implica a Marruecos. Un documento demoledor entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la invasión migratoria de finales de julio que hunde el relato del ejecutivo fundamentado en no entrar en conflicto con el país norteafricano y culpar a Rusia e Israel. El Ministerio del Interior, además, ha maniobrado con una campaña de desinformación de corto recorrido: el director de la policía española insistía en un comunicado en que ningún informe inculpa a las autoridades marroquíes, y al cabo de un rato el documento se hacía público, con la evidencia del "guiado activo" por parte de las Fuerzas de Marruecos de los inmigrantes. Y el día ha terminado con las calles estallando contra el Gobierno y pidiendo una respuesta contundente en la ciudad autónoma.
La Federación Española de Municipios y Provincias había convocado movilizaciones en todos los ayuntamientos españoles. En Madrid, la convocatoria ha sido todo un éxito. La plaza de Cibeles se ha llenado hasta los topes, con una multitud que no cabía y que ha tenido que ocupar las calles adyacentes. La de este miércoles ha sido una movilización más transversal de las que normalmente atiza el PP; no tan monopolizada por el ultraespañolismo. 50.000 personas han asistido, según los cálculos de la delegación del Gobierno en Madrid.
Los cánticos que piden la prisión de Pedro Sánchez y que le propinan todo tipo de insultos, sin embargo, se han mantenido constantes en las primeras filas de la movilización. Un buen rato después de haber terminado los parlamentos del acto, los manifestantes han permanecido en la plaza, que ha tardado un rato en vaciarse. En la capital española también ha habido una manifestación convocada en el exterior del Congreso de los Diputados por los neonazis de Núcleo Nacional; y una de signo completamente contrario y antirracista en la plaza de Callao. El acto ha contado con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y miembros de su partido y de otras formaciones, como el exsecretario general de Vox Javier Ortega Smith. También se ha podido ver al actor y dramaturgo Albert Boadella acompañando a los manifestantes.
El Gobierno, aturdido; y Marlaska entre las cuerdas
La difusión este miércoles del informe policial que señala a Marruecos ha dejado al Gobierno español aturdido; una información difícil de digerir —según se expresan desde la sala de máquinas de la Moncloa— después de haber estado defendiendo a capa y espada el país norteafricano. El ejecutivo de Sánchez ha estado semanas defendiendo que no había ningún informe que inculpara a los marroquíes; y el documento sí que existía. La difusión del informe ha cogido a contrapié al equipo del presidente español, que hacía días que preparaba la comparecencia de este jueves en el Congreso. El líder socialista tendrá que dar explicaciones ante los 350 diputados mientras crece la presión para que su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita.
Feijóo moja pan y cierra filas con la policía española
Feijóo ha reclamado este miércoles medidas del Gobierno español contra Marruecos, entre ellas convocar a la embajadora marroquí en España y llamar a consultas al embajador español en Rabat. El líder de los populares ha cerrado filas con la policía española y el CNI. "Ellos sí que han cumplido", ha manifestado horas antes cuando ha visitado Ceuta; este 2 de septiembre es el día de la ciudad autónoma. También ha reclamado responsabilidades no solo políticas, sino también "judiciales" para el Gobierno español por su gestión de la crisis migratoria.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, por su parte, ha advertido que "Ceuta está en peligro" y ha reclamado a España que exija a Marruecos, "con la debida firmeza y claridad", el respeto a la integridad territorial de la ciudad autónoma y de su frontera.