La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha manifestado que el ejecutivo "valorará en su momento" si da el paso de personarse en la presunta causa de corrupción conocida como el caso 3%, que afecta a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y su sucesor, el PDeCat.

Budó ha realizado estas declaraciones después de que ayer el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, pidiera que la Generalitat se persone en esta causa. Aragonès ayer se reunió con la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, la también republicana Mireia Ingla, que el viernes anunció que el consistorio actuaría como acusación particular en este caso. Además, Aragonès defendió que "este dinero no tiene que estar en los bolsillos de quien no toca, sino que deben estar en hospitales, escuelas, atención a las personas y en seguridad, aquí es donde deben estar."

pere aragones mireia ingla santo cugat - vicepresidencia

Aragonès, ayer, durante su visita a Sant Cugat, donde habló sobre el conocido caso 3% / Vicepresidencia

Por el contrario, Budó ha argumentado que esta trama delictiva no incluye ninguna malversación de fondos públicos. Ahora bien, ha asegurado que los servicios jurídicos de la Generalitat valorarán si ha salido perjudicado el erario público por este presunto caso de corrupción. "Si es así, tenemos la obligación de defender los intereses de la Generalitat", ha advertido Budó.

No descarta el confinamiento

En otro contexto, Budó ha justificado que las medidas que toma el Govern para hacer frente al coronavirus son "oportunas" para controlar su propagación, a la vez que no ha descartado que se tenga que volver a confinar a la población si no mejora la situación. "No deja de ser una medida que restringe la movilidad", ha indicado. También, ha pedido a la población que haga las vacaciones con conciencia y evite desplazamientos innecesarios.

Además, Budó se ha mostrado contraria a que el aval de la justicia sea imprescindible para sacar adelante medidas que toma el Govern con "criterios epidemiológicos" que buscan frenar los brotes de la Covid-19. "Tienes que solicitar autorización a un tribunal y no siempre resuelve atendiendo estos criterios epidemiológicos", ha lamentado.

El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dejó sin efecto una medida que limitaba que bares y restaurantes tuvieran que cerrar sus puertas a la medianoche. En este sentido, ha explicado que el Govern está ultimando un recurso contra esta decisión judicial con la finalidad de dejarla sin efecto.

Aumentar el objetivo del déficit

Por otra parte, el Gobierno español y el vasco han llegado a un acuerdo que contempla que el objetivo del déficit de Euskadi sea del 2,6% del PIB para hacer frente a la disminución de ingresos a raíz de la pandemia. Al respecto de ello, la consellera destacó: "No podemos permitir que haya comunidades de primera y de segunda".

Budó cree que es imprescindible que también se incremente el objetivo de déficit de Cataluña al mismo tiempo que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para hacer frente al gasto originado por la situación de emergencia sanitaria y económica desencadenada por la Covid-19.