La defensa del president Torra, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, ha instado al Tribunal Supremo a consultar a la justicia europea sobre el proceso abierto por su inhabilitación. Lo ha hecho en la vista oral celebrada este jueves en la sala segunda del alto tribunal.

Boye ha argumentado que las cuestiones prejudiciales se tendrían que presentar ante la justicia europea después de que el TSJC las desestimara. De esta manera, el letrado ha reclamado al tribunal español una respuesta con la cual "todos podamos convivir" de cara al futuro, y que "resista el paso de los tiempos y el peso de los recursos". Boye ha insistido en esta cuestión porque, según ha sostenido, sólo se puede privar a una persona de su cargo público y de su participación política cuando se trata de un delito grave. "Y no estamos ante un delito grave", ha recordado.

"Está en juego el derecho a participación política. Entremos ya en el derecho europeo, de verdad que estaremos todos más cómodos. Hemos hecho un gran esfuerzo en derecho y querríamos que nos respondieran en derecho", ha reclamado.

Por otra parte, Boye ha expuesto todas las vulneraciones de derechos en que se basa el recurso presentado, enfatizando en la "vulneración del derecho a un juez imparcial". "Todo esto viene de tres palabras en una pancarta, que eran una crítica a la actuación o las consecuencias de los actos de esta sala, la sala segunda del Tribunal Supremo. Los destinatarios de la queja eran los magistrados de esta sala", ha explicado.

"Juez imparcial" y "tribunal incompetente"

Boye también ha recordado la dualidad laboral de Andrés Betancor con el fin de denunciar la "vulneración del derecho a un proceso con las debidas garantías" y la "denegación de prueba testifical pertinente". Y es que el letrado ha puesto de manifiesto que la JEC no podía ser imparcial en la denuncia contra Torra cuando uno de sus miembros era trabajador a sueldo de Ciudadanos, formación denunciante.

También ha denunciado que la JEC, órgano con el cual empezó todo este proceso, no era competente ni superior. Así pues, ha defendido la decisión "consciente" del president de la Generalitat de no obedecer la orden de retirar la pancarta. "La orden no se podía cumplir porque venía de un órgano que no era ni competente ni superior, lo dice la jurisprudencia de este tribunal. El president Torra hubiera vulnerado los derechos de los trabajadores de la Generalitat, porque requería dar una orden general", ha afirmado.

En su intervención, Boye también ha criticado la actuación del presidente del TJSC, Jesús María Barrientos, por haber actuado al mismo tiempo de presidente del tribunal y de la sala sentenciadora. "Eso incumple la garantía de imparcialidad. La única cuestión es dónde y cuándo se garantizarán los derechos a mi defendido", se ha preguntado. Las manifestaciones públicas de los jueces que dictaron la sentencia por la cual estamos aquí hoy son más que suficientes. La conformación de la sala y la irregularidad de la elección de los jueces vulneraron los derechos de mi defendido", ha lamentado.

Álvarez de Toledo, una aliada inesperada

Otro de los argumentos de la defensa para rechazar la sentencia es la "vulneración del derecho a la libertad de expresión". Boye lo ha explicado claramente: la pancarta colgada en el balcón del Palau de la Generalitat es un "acto político". El letrado ha puesto sobre la mesa la inviolabilidad de la cual disfrutaba Torra en el momento de los hechos y ha puesto un ejemplo bien curioso, el de la diputada del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo.

En concreto se ha referido a las acusaciones que la popular hizo contra el padre del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no sólo en sede parlamentaria, sino también en platós de televisión. "Y no le ha pasado nada, porque la inviolabilidad la ha acompañado allí donde lo ha dicho por la doctrina del mismo Tribunal Supremo", ha argumentado. "Mostrar mensajes políticos en una fachada no es un acto administrativo, es un acto político", ha añadido insinuando que la única explicación que encuentra por el hecho de que ambos no hayan recibido el mismo trato es que Torra representa a una "minoría nacional".

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