El abogado Gonzalo Boye ha pedido a la consejera del Tribunal de Cuentas que declaren en el juicio por la responsabilidad contable del 1-O y de Exteriors el president Carles Puigdemont, como máximo cargo de Exteriors, y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el cual —ha recordado— aseguró en el Congreso de los Diputados que no había ninguna irregularidad con las cuentas de la Generalitat. En la vista, que se ha celebrado este viernes en Madrid, Boye ha solicitado antes de que se pare el procedimiento para que no se vulnere la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. La consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, ha rehusado la suspensión del procedimiento por su inmunidad. Sin embargo, ha aceptado que el president Puigdemont declare en el juicio como testigo y ha rehusado que lo haga el exministro Montoro. 

La consejera ha aceptado la declaración de Puigdemont porque lo han pedido otros abogados, puesto que, en la vía civil, no lo puede solicitar el abogado del mismo encausado. Por ahora, no se ha desvelado como lo hará; se espera que por videoconferencia, a pesar de que la consejera, indirectamente, lo ha invitado a venir al tribunal. También ha aceptado que declare la interventora del Estado, Luisa Lamela, que controlaba en el 2017 las cuentas de la Generalitat, a petición de Boye.

Informe de la Intervención de la Generalitat

La audiencia previa ha finalizado a las dos del mediodía de este viernes y la mayoría de los abogados que defienden encausados de ERC y de Junts han pedido que se pida un informe a la Intervención de la Generalitat para que certifique gastos del referéndum del 2017 y de Exteriors que no se han pagado, a pesar de haber creado la disposición. Este es el caso de 1 millón de euros a Unipost, partida que la Fiscalía ya retiró en su reclamación, que ahora es de 3 millones de euros, pero no Sociedad Civil Catalana (SCC), que les pide que reintegren a la Generalitat 5 millones de euros. La consejera ha aceptado todas las pruebas y documental solicitadas por los abogados de los 35 excargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, a los cuales la Fiscalía les pide que vuelvan el dinero.

Reclamaciones de las defensas

Antes de la petición de pruebas, los abogados han expuesto cerca de una decena de “excepciones procesales” para que el Tribunal de Cuentas no celebre el juicio. La consejera del Tribunal de Cuentas ha rehusado la mayoría y ha asegurado que el procedimiento “no les ha producido indefensión”. Elena Hernáez ha acordado resolver en una resolución la reclamación del abogado Francesc Homs, que también está encausado en este procedimiento, que descuente los gastos del 9-N del 2014 porque el Tribunal de Cuentas ya los condenó, y les implicó embargos. Homs defiende en el Tribunal de Cuentas al president Artur Mas, la exconsellera Neus Munté, además de cinco excargos procesados e investigados en los juzgados de instrucción 13 y 18 de Barcelona: el exdirector del Diplocat Albert Royo; Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Ignasi Genovès, y Antoni Molons.

Petición al juzgado de instrucción 13

Por su parte, el abogado Rafael Entrena, ha expuesto que las facturas del gasto de la campaña de Catalanes en el exterior, que se imputa a Joaquim Nin, exsecretario general de Presidència, no fueron abonadas y, por lo tanto, no hay ningún perjuicio para reclamarle. Entrena también ha sido muy crítico con el procedimiento del Tribunal de Cuentas por su "opacidad" en esta causa, en la cual se han unificado el procedimiento del 1-O, recogido en la sentencia del Supremo, con la causa de Exteriors "sin un procedimiento correcto". Y la mayoría de abogados con encausados al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, como Josep Ginesta, exsecretario general de Trabajo, y Teresa Prohías, directora de Servicios de Vicepresidencia, han insistido en denunciar el agravio que padecen doblemente, por la vía penal y la civil. En este sentido, el abogado de Ginesta, Ángel Fernández, ha solicitado a la consejera que pida a la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que deje sin efecto su reclamación de la responsabilidad civil, puesto que se les persigue por las mismas partidas. Además, en el juzgado penal hay una fianza de unos 5 millones de euros, como en el Tribunal de Cuentas por las mismas partidas. Fernández, que también es el abogado de la exconsellera Dolors Bassa, ha conseguido que se archive el procedimiento para Jaume Mestre Anguera, ja que la Fiscalía y SCC han retirado la reclamación de 337.000 euros por el anuncio de las vías del tren, ya que el Govern no las pago a CCMA.

Los argumentos de SCC

Por su parte, el abogado de SCC, Juan Ramón Chapapría, ha pedido a la consejera que rehúse la anulación del procedimiento y ha asegurado que la inviolabilidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí no afecta en procedimientos en el Estado español, sino por sus actuaciones como europarlamentarios. También ha declarado que hay jurisprudencia que permite juzgar paralelamente los mismos hechos por la vía penal y la civil o contable, y que solo decae cuando en la vía penal se indica que no ha existido el daño. El abogado también ha indicado que reclaman 5 millones de euros y no los 3 millones de la Fiscalía porque se refiere a los hechos recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo. En la sentencia contra los líderes independentistas, el Supremo, pero, no cuenta el gasto por la apertura de las escuelas por el 1-O, como sí realiza la entidad españolista en su demanda.

Finalizada esta vista, solo queda que la consejera del Tribunal de Cuentas fije la fecha del juicio, una vez tenga toda la documental aprobada.