Un pequeño respiro. El Tribunal de Cuentas ha levantado el embargo de algunas propiedades del president Artur Mas, de las exconselleres Joana Ortega y Irene Rigau y de los exconsellers Francesc Homs y Jordi Vilajoana por el 9-N. La consejera del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento, Elena Hernáez, firmó este jueves la resolución. Sin embargo, las defensas han tenido que esperar hasta este viernes por la mañana para recibir el auto, que ha avanzado el diario Ara y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. El levantamiento del embargo de los inmuebles se ha producido después de que la Caixa de Solidaritat entregara en noviembre más de 190.000 euros para afrontar intereses y costas.

Los cinco fueron condenados a devolver a la Generalitat 4,9 millones de euros, que ya se pagaron. Sin embargo, todavía faltaban 1,03 millones de euros en intereses y unos 215.000 euros en costas judiciales, que todavía están pendiente de recursos. De estos 1,25 millones aproximadamente pendientes, presentaron avales por 1,05 millones de euros. Es por eso que el tribunal les solicitó más garantías y avales, hasta el punto que les embargó cinco propiedades. Pero ahora el Tribunal de Cuentas ha levantado el embargo de los inmuebles, unos meses después de que en noviembre la Caixa de Solidaritat entregara 190.828 euros más, cantidad que ya cubre el total de intereses y costas.

 

Fue a final del pasado mes de enero cuando el Tribunal de Cuentas informó de que el 12 de julio "entregó un mandamiento de pago" a la Generalitat por importe de 4.988.620 euros en concepto del principal que reclamó al Govern de Artur Mas por haber gastado este dinero público en celebrar la consulta del 9-N. Los 4,9 millones de euros fueron aportados por la Caixa de Solidaritat, mediante de aportaciones de los ciudadanos. Igualmente, medio año después el tribunal aseguraba que todavía estaban "en tramitación los importes correspondientes a los intereses y las costas" que tenía que reclamar al president Mas y los exconsellers sancionados.

Por otra parte, la ofensiva del Tribunal de Cuentas continúa ahora con los preparativos para juzgar a los responsables del gasto público por haber organizado el 1-O (4,2 millones de euros) y de la causa de Exteriors (5,4 millones de euros), con una cincuentena de políticos y cargos investigados. De hecho, la entidad españolista Societat Civil Catalana presentó una demanda al mismo tribunal contra once ex altos cargos del Govern por una supuesta "malversación de fondos públicos" en la preparación del 1-O y la acción exterior de la Generalitat. Reclaman más de 5,3 millones de euros a líderes independentistas como Carles Puigdemont, Artur Mas o Oriol Junqueras, al cual atribuyen el uso de locales públicos "para la consulta ilegal", gastos de difusión e infraestructuras digitales para la promoción del referéndum, encargo de papeletas, pago de viajes a observadores y contratos a "lobbies para la promoción de la causa independentista". Sea como sea, la persecución económica se mantiene mientras la Generalitat nunca se ha considerado perjudicada por ninguno de estos gastos.