El abogado Gonzalo Boye ha citado una de las frases más famosas de las obras de William Shakespeare para referirse a un estudio universitario que ha desmontado los indicadores que situaban España como "democracia plena". Boye ha citado la frase que pronuncia un guardia en Hamlet: "Alguna cosa huele a podrido en Dinamarca". El abogado se ha mostrado impactado después de leer el informe sobre España: "Es que algo alía a podrido...", ha indicado. Y es que la investigación 'Prejuicio y manipulación bajo la apariencia de ciencia: la dudosa calificación de España como "democracia plena" y los débiles fundamentos de los índices de calidad democrática', presentada esta semana, cuestiona "el uso de índices de democracia basados en recopilaciones de opiniones subjetivas, como los publicados por The Economist y por el V-Dem Institute, para acreditar, contra la evidencia objetiva, la calificación de España como democracia plena". El trabajo lo firman los economistas catalanes Eduard Gracia, Oriol Martínez, Jaume Pérez, Josep Reyner, David Ros y Lluís Verbon y ha recibido el apoyo de 200 profesionales y profesores universitarios que denuncian "que se califique España como plena democracia por parte de diferentes centros de opinión internacionales".

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El estudio parte del hecho que tanto el EIU como el V-Dem puntúan el estado español entre las democracias más completas de la tierra por delante de países como Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Islandia y Austria. Y eso que "varias violaciones de los derechos humanos y civiles de España desde el 2017 han sido reiteradamente denunciadas por varias instituciones internacionales" (como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, el Consejo de Europa...) que "marcan obviamente un punto de discontinuidad en la credibilidad democrática de España que cualquier índice de calidad democrática fiable tendría que reflejar con la misma fidelidad que un sismógrafo registra una onda sísmica". ¿"Cómo es posible"?, se piden los autores de la investigación. Aquí es donde empiezan a desmontar los mencionados indicadores.

Los dos se basan en principios de una misma metodología, "esencialmente una encuesta de opiniones de expertos". Así pues, por una parte, el EIU "no justifica cómo controla los posibles sesgos de las opiniones de sus expertos anónimos". Por otra, el V-Dem tiene "muy poco control sobre la aplicación por los expertos de los criterios de clasificación y evaluación", "no hace público quienes son los autores que intervienen en la confección de su índice", ni tampoco "proporciona justificación de las decisiones de los expertos", algo que impide "eliminar el impacto del sesgo, el prejuicio o el propio interés". Entonces, los autores del estudio señalan que "las calificaciones se convierten, en el mejor de los casos, en opiniones glorificadas y, en el peor de los casos, en una fantástica oportunidad de manipulación en favor de preferencias políticas o ideológicas que consiguen ser dominantes en la comunidad de expertos adscrita en un país determinado".

La primera comparación es con Hungría. De acuerdo con los criterios supuestamente objetivos que señalan los autores, Hungría y el estado español tenían el año 2017 el mismo nivel de respeto a los derechos humanos y civiles. Pero según el EIU, España estaba muy por delante en calidad democrática. Eso tiene que ver con el hecho de que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, se ha representado como un populista peligroso, mientras que el presidente español del momento, Mariano Rajoy, se representó como un gobernante suave alineado con la canciller alemana, Angela Merkel.