El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, considera que "el gobierno belga tendría que intervenir en defensa del sistema judicial español" ante la situación "anómala" provocada por la admisión a trámite de una querella presentada contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por el presidente Carles Puigdemont y cuatro de los consellers.
En una entrevista en Onda Cero, Borrell, por quien "no deja de ser sorprendente" la decisión del tribunal belga, explica que si bien en aquel país hay separación de poderes y el Ejecutivo "no puede decir a los jueces lo que tienen que hacer o el que no, sí que puede presentarse como parte del proceso y advertir de esta situación anómala que representa que una jurisdicción nacional encause otra jurisdicción nacional".
"Hemos pedido a nuestra representación diplomática en Bélgica que tome cartas en el asunto, que actúe, que contacte con el gobierno belga y le diga que tome parte", ha señalado Borrell, en relación a las instrucciones que ha dictado esta semana a la embajadora de España en aquel país, Cecilia Yuste, después de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes, pidiera al gobierno español que garantizara "la inmunidad de jurisdicción" de Llarena.
Sobre la falta de neutralidad de la que le acusa por dar estas instrucciones, Borrell dice que ni es neutral ni deja de serlo, ya que sólo cumple con su función: "El ministro de Exteriores español advierte su embajada que existe un problema en Bélgica y tiene que intervenir en defensa de los intereses del Estado español y en el Estado español están los poderes del Estado y uno de los poderes del Estado es el judicial", ha sentenciado.
Por otra parte, preguntado por las razones por las que la euroorden en estos casos de políticos independentistas exiliados no está funcionando de manera automática, Borrell ha recordado que los automatismos sólo son válidos en casos de delitos que figuran en "una lista" en la que estos tipos penales no figuran, y por eso tiene que entrar a analizarlos un juez y buscar "correspondencia" con el código penal de su propio país. "Sería mucho mejor que la lista fuera completa y hubiera una correspondencia unívoca entre los códigos penales de todos los países, pero la historia judicial de cada país hace que haya diferencias", ha señalado.