La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sido tajante a la hora de definir la propuesta de indultos del presidente español Pedro Sánchez: "La peor noticia es que el indulto sea una herramienta de mercadeo político". Y recuerda que este "afecta a personas, no sólo a los presos injustamente encarcelados se les pide un arrepentimiento cuando lo que hicieron es responder un mandato democrático y pacífico, sino que los acompaña una represión desde entonces que no ha cesado". Además, reprocha que "la única violencia" que se ha visto es la del Estado español desde el 1 de octubre.

Por eso, Borràs vuelve a diferenciar entre el planteamiento judicial y de encarcelamiento del Estado, y el de inicio que propuso el Govern al Parlament de Catalunya: "Estamos hablando del indulto de personas presas pero también de las familias. Y lo que hay es un conflicto político". Por lo tanto, la presidenta concluye: "El indulto no es la solución a un conflicto político". Llevando la cuestión al terreno de los hechos, considera que "están mercadeando con el sentimiento de las personas, su dolor y el de sus familias". Por eso, Borràs reitera lo que siempre ha defendido Junts per Catalunya: "La amnistía como solución permitiría poner punto y final a esta situación".

 

Una visión que choca con la del Gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo ha argumentado que "la decisión de los indultos es política". A preguntas de los medios desde Sevilla, Calvo ha argumentado que la iniciativa del gobierno no se puede interpretar como una colisión entre poderes del Estado: "No tiene nada que ver con discutir la sentencia, que no discutimos, ni con nuestra justicia, que no cuestionamos," ha señalado Calvo, quien ha argumentado que "el poder judicial ha hecho su trabajo con la sentencia y el informe", para proclamar seguidamente que la concesión del indulto por el Gobierno "encaja en un espacio radicalmente diferente", y la motivación responde a la posición que señalaba a nuestro presidente.

Borràs pero ha recordado cifras para reafirmarse, en este sentido, que los presos pagan una "pena injusta, política" en un conflicto con "más de 3.300 represaliados" ante el cual "no tienen que pedir perdón por ejercer la democracia". "En los informes se habla de unas manifestaciones, dicen los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que fueron antidemocráticas. ¿Quién decide que una manifestación se antidemocrática? ¿Por qué hablan de manifestaciones que no eran pacíficas? ¿Quién vio violencia? Que no quieran cambiar la realidad con sus proclamas porque todos sabemos qué pasó", ha argumentado Borràs. Por todo ello, cree que quién tendría que pedir perdón, en este caso "es quien utiliza las herramientas del Estado para llevar a cabo una venganza de esta magnitud".

Los atentados del 17-A

La presidenta de la cámara catalana también ha hecho referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional del 17-A, la cual ha definido como "decepcionante". Cree que no aclara cuál fue el papel del Estado en los atentado ni tampoco su responsabilidad. Por una parte, porque no se ha puesto luz en el papel del imán de Ripoll como confidente de CNI. También porque nadie pudo detectar previamente las operaciones de compra del material utilizado para los ataques de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. Más allá de eso, Borràs considera que hay que trabajar para reparar el dolor de las víctimas y familias.

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