El mismo día en que el presidente Quim Torra ha sido juzgado por no haber descolgado una pancarta a favor de los presos políticos del balcón de la Generalitat en septiembre de 2019, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha cargado contra el hecho que el poder judicial se vea "capacitado para tutelar" los poderes legislativo y ejecutivo, ha pedido no normalizar la judicialización de la política y ha reivindicado el "diálogo de verdad" para resolver los conflictos, ahora que la mesa de diálogo con el estado sigue atascada y que Junts no apuesta por ella, al contrario de lo que hace ERC.
La presidenta de la Cámara lo ha dicho durante la presentación de la Declaración 2022 de la Casa Llotja, que llama a la mediación como forma de resolver los conflictos. Borràs ha asegurado en su intervención que "no es normal" que este jueves hubiera un juicio en contra de Torra. Un juicio en el cual el expresidente de la Generalitat no se ha personado argumentando que nunca se encontrará justicia en los tribunales españoles. A pesar de eso, la magistrada ha acordado celebrar el juicio sin su presencia. Borràs ha lamentado que este sea un caso "más" de los que hay cada día: "Hemos vivido muchos ejemplos en los últimos años y en los últimos meses".
Avalancha de apoyos
El juicio de esta mañana a Quim Torra ha sido ampliamente comentado por el independentismo. Tan pronto como ha publicado un vídeo en sus redes sociales para anunciar que plantaría al juez, varios políticos han respondido al respecto. El presidente Carles Puigdemont ha lamentado que los juicios a presidentes de la Generalitat por razones políticas se hayan convertido en una costumbre de la cúpula judicial española, y ha trasladado su apoyo a Torra. También le han apoyado Jordi Turull, Lluís Puig o Elsa Artadi, entre otros miembros de Junts. Desde de ERC la expresidenta del Parlament Carme Forcadell también le ha enviado apoyo, así como lo han hecho el Consell per la República, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana.
En el juicio, la fiscal ha mantenido la petición de 20 meses de inhabilitación para cualquier cargo público y 30.000 euros de multa. Lo acusa de un delito de desobediencia, porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le dio 48 horas para descolgar el cartel y el expresidente no lo hizo alegando que el orden vulneraba la libertad de expresión. Finalmente, el tribunal ordenó a los Mossos d'Esquadra que la retiraran, pero antes lo hicieron unos trabajadores del Palau. En el primer caso por desobediencia, la orden de retirar la pancarta fue de la Junta Electoral Central (JEC), ya que era época electoral, en marzo de 2019. La fiscal ha afirmado que no se ha perseguido Torra por sus ideas sino por haber hecho "insumisión institucional". El abogado de Impulso le pide que pague una multa de 109.000 euros.