Un nuevo bombero de Girona ha sido citado a declarar y ya son cuatro los investigados como responsables de un convoy que, el día siguiente del referéndum del 1-O, pasó delante de la comandancia de la Guardia Civil y desde la cual presuntamente se profirieron "insultos, cortes de mangas y expresiones de menosprecio". La última a sumarse a la causa es el jefe del parque de Girona, que aquel día ejercía de uno de los dos subjefes de guardia de la Región de Emergencias y que tendrá que comparecer ante el juez el próximo 21 de noviembre.

La causa, iniciada poco después de los hechos a raíz de una investigación iniciada por la Guardia Civil, está abierta por los presuntos delitos de malversación de dinero público y de abandono de destino como funcionarios. Los hechos se enmarcan en una concentración de rechazo a las cargas policiales del 1-O y, mientras el primer delito se apunta como menor, el segundo se relaciona con la participación de los acusados en un convoy formado por siete camiones y quince efectivos.

Para la 373780, el "motivo de la salida fue el escarnio a los agentes de la Guardia Civil y la participación en un acto de manifestación pública ajeno absolutamente en la acción de un cuerpo de bomberos". Inicialmente, los investigados eran el jefe de la Región de Emergencias de Girona, el de guardia y el de turno, que fueron citados en junio.

Los dos últimos se acogieron a su derecho a no declarar y el primero, Antoni Rifà, informó a la autoridad judicial que no ostentaba este cargo en la fecha de la denuncia, por lo que, a la espera del archivo de la causa en su contra, se citó el subinspector Enric Cano. Cano explicó que el día de los hechos no estaba de guardia y, finalmente, se ha llamado a comparecer como investigado a quien aquel 2 de octubre ejercía como uno de los dos subjefes de la Región de Emergencias, que a la vez es el jefe de parque de Girona.

La investigación relata que los siete camiones de bomberos pasaron delante de la comandancia de la Guardia Civil con efectivos uniformados en su interior que lucían carteles favorables al referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Estas personas, según esta versión, profirieron insultos y expresiones de menosprecio contra los agentes, a los cuales realizaron cortes de mangas en su camino a la concentración que tuvo lugar en la plaza del ayuntamiento, donde fueron recibidos entre aclamaciones.

Según las defensas de los bomberos, inicialmente la denuncia era también por incitación al odio, pero en la causa abierta por el juzgado no figura ninguna investigación por este delito.