El Congreso ha tumbado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra el proyecto de ley del Gobierno para blindar constitucionalmente el derecho al aborto y garantizarlo en la sanidad pública vía reforma de la Carta Magna española. Todos los grupos parlamentarios han votado en contra de las enmiendas de PP y Vox, que han contado con los 171 votos a favor de sus respectivos diputados y de la formación conservadora Unión del Pueblo Navarro (UPN), frente a los 177 votos en contra del resto de la Cámara Baja. Superado este primer escollo, la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirá su tramitación parlamentaria. La propuesta requerirá, sin embargo, una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobada, por lo que necesitaría un apoyo del PP que por ahora no se da.
PP y Vox han tachado la reforma impulsada por el Gobierno de “demagogia” y “trampantojo” para desviar la atención de la ineficacia de su gestión y de los escándalos de corrupción que salpican a su entorno y exmiembros de su administración. Ambas formaciones han criticado que Sánchez justifique en “la celeridad” y “la sencillez” que la reforma se realice a través de un añadido al artículo 43 de la Constitución, si bien sostienen que se opta por este procedimiento para evitar una vía de reforma agravada, que exige una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “fraude constitucional” el procedimiento, mientras que los de Santiago Abascal han tachado la iniciativa de “atentado contra la dignidad de la naturaleza de la persona”.
Con esta reforma, en la línea de lo que aprobó de manera pionera Emmanuel Macron en Francia, el Gobierno de Sánchez planteó garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio del Estado, ante cualquier regresión por un eventual Gobierno conservador con presencia de Vox. La iniciativa se puso sobre la mesa en octubre del año pasado, en un momento en que el aborto volvió a ser tema de debate político en España de la mano de Vox y de algunas voces del PP. El Consejo de Ministros aprobó un dictamen para ello.
Según ha defendido en el debate en la cámara la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades autónomas. Redondo ha subrayado que la propuesta es imprescindible para "garantizar la libertad” de interrumpir voluntariamente el embarazo y que lo que es un derecho reconocido legalmente pase a ser "un derecho plenamente garantizado" de manera efectiva y no solo sobre el papel.
Desde la bancada popular, la diputada Silvia Franco ha negado que la iniciativa del Gobierno parta de una demanda social clara que la respalde y ha reprochado el trámite por la vía rápida sobre una cuestión espinosa. "El Tribunal Constitucional ha tardado 13 años en pronunciarse sobre un asunto tan sensible y ustedes pretenden tramitarlo por la vía de urgencia en 13 días", ha lanzado Franco. La iniciativa requiere tres quintas partes del Congreso de los Diputados, y, por lo tanto, es necesario un apoyo del PP que no está asegurado.
El aborto, regulado ahora en España por una ley orgánica de 2023
Actualmente, el aborto está regulado en España por la Ley Orgánica 1/2023, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para modificar la anterior ley, la que aprobó en 2010 el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora mismo, el aborto voluntario está permitido en España hasta la semana 14 de gestación o en la semana 22 si existe un riesgo grave para la salud o la vida de la madre o si el feto presenta anomalías graves —a partir de la semana 22 solo en caso de patología fetal incompatible con la vida o por enfermedad incurable confirmada por comité médico—.
En este sentido, la nueva ley del 2023, impulsada por el ministerio de Igualdad de Irene Montero (Podemos), eliminaba la obligación de que las jóvenes de 16 y 17 años tuvieran que necesitar el permiso de sus padres para abortar, a la vez que suprimía los tres días de reflexión y estipula la creación de registros de objetores de conciencia con el objetivo de que las intervenciones sean asumidas mayoritariamente en centros de la sanidad pública. El PP interpuso un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional, si bien este la acabó avalando.