PSOE y Unides Podem han aceptado este miércoles en el Congreso de los Diputados la propuesta de EH-Bildu de apartar de los fondos europeos las empresas eléctricas que hayan alterado los precios en el mercado energético. Concretamente, la medida se enmarca dentro del plan de trabajo de una comisión parlamentaria, todavía no constituida, que tiene como objetivo estudiar mejoras en el sistema eléctrico. Así consta a la enmienda que los socios de Gobierno han presentado como respuesta a una moción de Bildu, debatida este miércoles al Pleno del Congreso, para pautar un conjunto de acciones de fortalecimiento del control sobre las eléctricas y poner remedio al incremento de precios.
La enmienda hecha por PSOE y Unides Podem a la propuesta de Eh-Bildu acepta la realización de inspecciones y sanciones si hay sospecha de posibles manipulaciones de mercado y enriquecimiento abusivo por parte de empresas eléctricas. También aprueba la realización de una auditoría exhaustiva para desgranar los costes reales de generación de cada tecnología y el mencionado veto en las eléctricas que alteren los precios. No obstante, desde el Gobierno enmarcan estas medidas dentro de una comisión no permanente del Congreso para estudiar el precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico que todavía no se ha creado. Dentro de este conjunto de acciones que se podría incluir a la comisión, se encuentra la realización de una campaña institucional para la reducción del consumo energético. Para acabar de remacharlo, la última propuesta para reducir la escalada de precios que se ha puesto sobre la mesa es la reforma del mercado. Esta, sin embargo, tiene que ser presentada en las cortes europeas, ya que se trata de una iniciativa de carácter supranacional.
Ahora, el PSOE, Unidas Podemos y Bildu negocian un texto conjunto para someterlo a votación al Pleno del Congreso de los Diputados este jueves. Así pues, la moción para multar las eléctricas que alteren el precio de la luz es fruto de la interpelación de EH-Bildu a la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la última sesión de control en el Gobierno del año pasado.
Sanciones para compensar el incumplimiento de la ley
En la argumentación de la moción, el diputado de Bildu, Oskar Matute, ha lamentado que las sanciones a las eléctricas por alteraciones en el precio ya existentes acaben siendo de una cuantía "muy por debajo" de la ganancia obtenida. Al mismo tiempo, ha pedido auditar exactamente los costes de la producción eléctrica para hacer frente a posibles sobre-retribuciones. La posición del Gobierno con respecto a la petición de la izquierda abertzale la ha verbalizado German Renau, portavoz de Transición Ecológica del PSOE. Ha coincidido con Matute en que los costes de generación y el precio de la electricidad "no están yendo de la mano" y este está siendo "el problema mayor". En este sentido, ha hecho valer la necesidad de reformar del mercado eléctrico, tal como ha propuesto España en Bruselas.
¿Y las subastas que se decretaron por ley?
Con respecto a las subastas del precio eléctrico que el Gobierno decretó por ley, una propuesta denegada desde Bruselas, Idoia Sagastizabal (PNV) ha exigido al Gobierno que ejecute las subastas que decretó por ley antes de finales de año por parte de las productoras hacia las comercializadoras. Hacerlo, facilitaría un precio de la electricidad más competitivo, así como una reforma de la tarifa regulada, apartándola del mercado diario, tal como pasa en otros países. Desde el PP, José Alberto Herrero Bono, ha defendido que "hacen falta más inversiones en el sistema para aumentar las interconexiones y convergir con otros países, con el objetivo de poner en duda la primacía de tecnologías de generación llevada a cabo por la vicepresidenta Ribera."
Una comisión que no llega
Joan Baldoví, diputado de Compromiso, ha recordado cómo los grupos del Gobierno acabaron aceptando la propuesta de impulsar una comisión de investigación para aclarar irregularidades en el mercado, pero que no se ha hecho nada al respecto. En esta línea, ha recordado que fue en agosto cuando se pidió crear la comisión de investigación. En septiembre, por el contrario, los partidos del Gobierno respondieron con la idea de organizar una comisión de estudio y no de investigación. Todavía, sin embargo, la comisión de estudio no ha sido creada. A su vez, Joan Capdevila, diputado de ERC, ha indicado que el actual diseño de mercado imposibilita una fijación de precios adecuada, pero que eso "se agrava con la falta de competencia del sector", donde detecta "monopolios dominantes" y se permite "un uso cautivo de la energía hidráulica que no contribuye a controlar el precio de la energía en momentos como el actual". Otras formaciones como Unidas Podemos o la CUP han reivindicado una empresa pública que rompa con el oligopolio.