El Partido Popular plantará batalla en la Conferencia de Presidentes de Barcelona. Los trece presidentes del PP han remitido al Gobierno un documento, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, con sus propuestas en los ocho puntos del orden del día que reclamaron y que estarán encima de la mesa. Tres de los principales tienen que ver con acuerdos que ha suscrito el PSOE con el independentismo: la financiación singular para Catalunya, la condonación de la deuda y el traspaso de las competencias en inmigración. En materia de financiación, los territorios del PP trasladan a la Moncloa su “profunda preocupación ante el trato dispensado” a las comunidades autónomas por parte del Gobierno y arguyen que es “urgente” adoptar una “serie de acuerdos y recomendaciones” para “revertir la situación y garantizar una situación institucional adecuada para que las comunidades puedan prestar los servicios públicos de una manera adecuada y en condiciones de igualdad”.
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De entrada, expresan su oposición a la financiación singular, que consideran que “constituye un nuevo cupo independentista”, y a la “fragmentación” de la Agencia Tributaria. A cambio, piden la “presentación inmediata” de una reforma del sistema de financiación. Además, solicitan la retirada del anteproyecto de ley sobre la condonación de la deuda: el primer trámite lo superó a finales de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que los consejeros del PP plantaron a María Jesús Montero y ahora la iniciativa está encima de la mesa del Consejo de Ministros.
“Dichas decisiones quiebran principios y valores constitucionales esenciales como la igualdad, la solidaridad o la justicia, y se plantean con el único propósito de sostener una mayoría parlamentaria”, denuncian. “Los órganos institucionales deben estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y no instrumentalizarse al servicio de intereses políticos particulares”, insisten. “Nos oponemos de forma tajante a estas medidas por respeto constitucional y por lealtad institucional”, remachan. Finalmente, exigen al Gobierno que “respete” el principio de autonomía financiera de las comunidades “evitando cualquier intento de centralismo e imposición tributaria”.
El traspaso de inmigración a Catalunya genera “descoordinación, vulnerabilidad y desigualdad”
El otro caballo de batalla del PP en Barcelona será el traspaso de las competencias de inmigración a Catalunya. Lo acordaron el PSOE y Junts en febrero, pero la proposición de ley que lo tiene que hacer realidad continúa paralizada en el Congreso a causa de la negativa de Podemos. Las comunidades del PP defienden la “necesidad de garantizar la unidad de acción en asuntos críticos para la seguridad nacional” y “evitar fragmentaciones que podrían debilitar la capacidad de respuesta ante las amenazas transfronterizas” y esgrimen que la “gestión centralizada de fronteras” debe ser un “pilar irrenunciable”.
Además, denuncian que delegar las competencias en las comunidades está al “margen de la legalidad” y generaría “descoordinación en la aplicación de políticas de asilo y repatriación”, “vulnerabilidades en el control de entradas irregulares, aprovechables por redes criminales” y “desigualdades entre comunidades, al tener que asumir costes y responsabilidades de forma dispar”. “Solo el Estado puede asegurar un reparto equitativo de recursos y un marco normativo común, evitando competición entre autonomías”, concluyen. En este escenario, los territorios gobernados por el PP proponen cinco acuerdos concretos:
- Respaldar el marco constitucional vigente, reconociendo la competencia exclusiva del Estado en materia de control fronterizo e inmigración, como “garantía de seguridad, igualdad jurídica y eficacia en la gestión de crisis”.
- Rechazar cualquier iniciativa legislativa que delegue estas competencias a entes subestatales.
- Reforzar los mecanismos de cooperación en el control de fronteras, con especial atención a la implicación de la Unión Europea a través de FRONTEX.
- Exigir una “estrategia integral” que incluya un refuerzo de medios técnicos y humanos en fronteras, mecanismos de coordinación con comunidades autónomas para la acogida temporal de inmigrantes, respetando el principio de solidaridad interregional, mayor financiación europea y un Pacto de Estado sobre Inmigración.
Derogar la ley de vivienda, derogar el decreto antidesahucios e impulsar una ley para luchar contra la ocupación
La única propuesta que, de momento, Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa ha sido articular un nuevo Acuerdo Estatal de Vivienda con tres vertientes principales: “Más financiación pública, menos especulación y más transparencia”. La principal demanda del presidente español es triplicar la inversión pública en vivienda para llegar a los 6.700 millones de euros (4.000 de parte del Gobierno y 2.700 desde las comunidades). Sin embargo, los territorios del PP se alejan de esta propuesta y piden, como principal medida, derogar la ley de vivienda a la vista de los “efectos negativos que ha generado”. También reclaman derogar el decreto antidesahucios e impulsar reformas legislativas para “luchar de verdad y de manera decidida” contra la ocupación. Asimismo, apuestan por poner a disposición suelo público para la construcción de vivienda asequible en colaboración público privada, lograr una “administración eficaz” con informes sectoriales en plazo o silencio positivo y reducir la fiscalidad en vivienda, comenzando con rebaja del IVA al 4% para la compra y la rehabilitación.
Prolongar la vida útil de las centrales nucleares
Otro de los capítulos que enfrentará los territorios del PP con el Gobierno será la energía y las consecuencias del apagón. El punto de partida de su hoja de ruta es reclamar que la política energética se base en “evidencias tecnológicas y no en planteamientos ideológicos” y defender que prolongar la vida útil de las centrales nucleares es “urgente” y “vital para dar robustez al sistema eléctrico”. “España tiene una ventaja competitiva al disponer de energía nuclear que no se puede tirar por la borda”, argumentan. Además, abogan por “invertir en redes eléctricas para conectar la producción de energía con el consumo”, “desplegar una estrategia para que el almacenamiento avance” y “reforzar las interconexiones con otros países”.
Retirar la reforma del Poder Judicial, financiar la educación infantil, incrementar el número de sanitarios y revertir el caos ferroviario
Hay cuatro carpetas más. Los barones del PP piden al Gobierno que retire el proyecto de ley que reforma el Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal (su primer debate parlamentario será el próximo jueves, a pesar de las críticas de fiscales y jueces, que han convocado un paro), que frene la elaboración de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que financie a las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia por los costes de la aplicación de la ley de eficiencia en la justicia.
En segundo lugar, reclaman un “plan de choque urgente” con los “recursos necesarios” para “paliar a corto y medio plazo el recurrente caos ferroviario”, un “plan de atención urgente a los pasajeros en incidencias extraordinarias”, un “plan nacional de resiliencia ferroviaria que incluya protocolos claros ante incidencias eléctricas, climáticas o técnicas”, una auditoría de los sistemas de señalización y de seguridad del sistema ferroviario y un “plan estratégico nacional en materia de transporte”. En tercer lugar, exigen el compromiso de que el Gobierno financiará el 50% del coste efectivo del primer ciclo de la Educación Infantil (de cero a tres años).
Finalmente, quieren incrementar el número de profesionales sanitarios en formación, aumentar el número de especialistas en algunas especialidades “claramente deficitarias” (como medicina de familia, pediatría, enfermería y psicología), evitar plazas desiertas en la elección MIR de la especialidad de medicina de familia, garantizar una “financiación adecuada” de la atención sanitaria de los pacientes desplazados y financiar el 50% del coste efectivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.