Las asociaciones de jueces y fiscales siguen en pie de guerra contra el Gobierno. Concretamente, contra Félix Bolaños. Hace diez días, el Consejo de Ministros remitió al Congreso de los Diputados la que considera que es la “primera gran revisión estructural” de la Ley del Poder Judicial en los últimos 40 años con el objetivo de “mejorar sustancialmente la carrera judicial” a través de una “reforma valiente”, en palabras del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La norma también modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para, entre otras cosas, alargar el mandato del fiscal general del Estado y desvincularlo de la duración de la legislatura. Sin embargo, los jueces y fiscales han expresado desde el primer día su firme oposición a la ley. Y ahora, para mostrar su rechazo a la iniciativa, han convocado un paro de diez minutos el miércoles 11 de junio a las 12 horas a las puertas de las sedes judiciales para que los miembros de las carreras judicial y fiscal “visibilicen su descontento”. El ministro Félix Bolaños se ha limitado a atribuir las críticas a “temores infundados” y mostrar su “respeto” a las asociaciones y su “mano tendida para seguir hablando y mejor la ley en lo que sea necesario”.
“Recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responde a una verdadera demanda social y no contribuye a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta el Estado de derecho”, lamentan cinco asociaciones de jueces y fiscales. Además, piden al Gobierno que retire el proyecto para “comenzar a construir” un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que “dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución”. El comunicado lo firman la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora y mayoritaria), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, así como la Asociación de Fiscales (también conservadora y mayoritaria) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Se desmarcan de él las progresistas Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
Después de reunirse para analizar el texto de la ley, las cinco asociaciones esgrimen que el proyecto supone una “oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas” y lamentan que incluso “se dan pasos atrás al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”. Ahora bien, lejos de dar marcha atrás, Félix Bolaños ha defendido esta semana a través de una carta que el Gobierno está impulsando la “mayor transformación de la Justicia en décadas” con “reformas imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI”.
Irán a los tribunales, quieren reunirse con los grupos parlamentarios y pedirán que Europa se pronuncie
Asimismo, las asociaciones anuncian que impugnarán judicialmente el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos y solicitan reuniones con todos los grupos parlamentarios para “explicarles los peligros y las consecuencias para el Estado de derecho y la degradación de la calidad de la justicia” que puede suponer. También se quieren reunir con el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España y la Asociación de Abogados del Estado. Finalmente, remitirán al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa los informes que hicieron sobre la ley con la voluntad de activar los canales europeos, especialmente GRECO (el Grupo de Estados contra la Corrupción) y la Comisión de Venecia “denunciando cómo las dos reformas pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal y afectar la separación de poderes”.
“El panorama es desolador, afecta gravemente a principios constitucionales”
No es la primera vez que las asociaciones judiciales y fiscales alzan la voz contra las reformas de la Ley del Poder Judicial y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El día siguiente de que el Consejo de Ministros diera luz verde al proyecto de ley, que tiene que recurrir ahora su camino parlamentario en el Congreso, fueron muy críticas con el proyecto. “El panorama que implica esta reforma es desolador”, denunciaron en un comunicado conjunto. “Supone una reforma estructural y de gran calado que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial”, argumentaron.
Además, denunciaron que la reforma “supone un serio retroceso en el Estado de derecho” y “pone en riesgo la independencia judicial” porque “propicia un acceso arbitrario a la judicatura, restringe la participación democrática en órganos de gobierno y somete instancias clave a criterios partidistas”. “Esta deriva compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal como exige el respeto a los estándares constitucionales”, remacharon.
Se “desnaturaliza” el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal
¿Cuáles eran sus críticas concretas? De entrada, argüían que la profunda modificación de los procesos de selección “desnaturaliza” el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal y “no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad”. “Ejemplo de ello es la eliminación de un examen oral en el turno libre para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio, que supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales”, exponían. Además, reprobaron que la nueva regulación del llamado cuarto turno posibilita un “acceso discrecional y arbitrario” y “perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre”.
El proceso extraordinario de estabilización “erosiona hasta su derrumbe los pilares de mérito y capacidad”
Asimismo, rechazaron el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos: consideraron que es “contrario a los principios constitucionales” y criticaron que “otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre”. “La convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a cualesquiera profesionales y basado en una oposición consistente únicamente en un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales”, esgrimieron.
“Se consagra una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor [que] constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo y erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública”, añadieron. Y lamentaron que “rebajar los niveles de exigencia jurídica” e “introducir elementos de arbitrariedad” supone un “claro deterioro de la calidad del servicio público de justicia” y “afecta directamente a la ciudadanía, que ve comprometido su derecho fundamental a recibir justicia por profesionales independientes, imparciales y técnicamente cualificados.
Comisión Ética, centro público de formación de opositores y financiación de las asociaciones judiciales
Más críticas. Las cinco asociaciones apuntaban en otras direcciones. Denunciaron que incluir miembros designados por las Cortes Generales en la Comisión de Ética Judicial “compromete su independencia”, la convierte en un “instrumento vulnerable a injerencias externas”, “amenaza su credibilidad” y “menoscaba su función ética”. Reprocharon que la creación de un centro público de formación de opositores dependiente del Ministerio de Justicia conlleva un “evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del ejecutivo” que es “inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes”. Y lamentaron que la “imposición de restricciones” a la financiación de las asociaciones judiciales sin que aumenten las subvenciones públicas supone un “ataque directo a su capacidad operativa”, las “debilita” y “afecta a la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial”.