El Ayuntamiento de Barcelona ordenará cerrar 256 viviendas de uso turístico ilegales después del plan de choque impulsado en julio, cuyas herramientas han permitido ganar eficiencia en la detección de pisos sin licencia y en la inspección de esta actividad, según la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz.
En rueda de prensa al lado de la concejala del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, Sanz ha explicado que los visualizadores han detectado 234 pisos que recibirán la orden de cese y una sanción de 30.000 euros, mientras el trabajo de los inspectores han permitido tramitar 22 órdenes de cese más.
Además, se han resuelto las sanciones en las plataformas Airbnb y Homeaway iniciadas en septiembre del año pasado y, si se comprueba que reinciden, serán multadas con hasta 600.000 euros, y se ha ordenado a dos residencias de estudiantes (en Sant Martí y Sants-Montjuïc) que dejen de operar con funciones de hotel, como se ha detectado que hacían.
La carta de Colau
Paralelamente, el pasado 28 de juliol el Ayuntamiento de Barcelona envió una carta a sus vecinos en la cual les incitan a denunciar si constatan que hay algún piso turístico ilegal en su edificio. Asimismo, les piden colaboración para crear "un modelo urbano sostenible" y luchar contra un negocio que "genera especulación y economía sumergida".
El pasado mes de marzo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya amplió un año la moratoria turística que aprobó en julio del 2015, impidiendo así la concesión de nuevas licencias hoteleras y la apertura de albergues u otros complejos hasta julio del 2017. De hecho, desde la entrada en vigor de esta medida, al menos 38 proyectos han sido paralizados.