El bloque conservador del Tribunal Constitucional se ha fracturado por el debate de la quema de una bandera. En un juicio este miércoles, los magistrados debatian sobre el caso de un sindicalista gallego que en unas protestas en el año 2014 quemó una bandera en el marco de una manifestación que reclamaba que un grupo de trabajadoras del hogar cobraran su sueldo. La quema de la bandera, para algunos, ha sido considerada un delito, mientras que otro magistrado ha pedido su absolución, un hecho que ha roto los conservadores.
En concreto, el magistrado que pedía la absolución en entender que la libertad de expresión y el derecho a la actividad sindical están por encima de los límites que marca el delito de ultraje a la bandera, Andrés Ollero, era el encargado de redactar la ponencia de la sentencia. Él pedía que se estimase el recurso de amparo del recurrente, pero esta opinión ha dividido el tribunal. Seis de ellos han votado en contra de la absolución, mientras que cinco han dado apoyo a Ollero.
Ante estos resultados, se ha pedido a Ollero que redacte una nueva ponencia de sentencia, acorde con lo que pedía la mayoría, a lo que él se ha negado. Además, ha anunciado que cuando el tema vuelva a la mesa del TC presentará un voto particular explicando se puede pedir "prenderle fuego a la puta bandera" durante el desarrollo de una protesta sindical sin que eso lleve aparejada una condena por ultraje.
Los argumentos de Ollero
El recurso planteado por el sindicalista Pablo Fragoso tiene encaje en la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y así se ha hecho explícito durante el debate al que han asistido los miembros del pleno del Tribunal Constitucional. Si se condenara el sindicalista, según Ollero, el Constitucional estaría de nuevo en riesgo de ser corregido por Europa, un argumento que no ha parecido importar al resto de magistrados, que se han mantenido en su posición y han abierto una guerra judicial.