"Pretendeneliminar el castellano" y "romper la Constitución". Esta es la conclusión en la que ha llegado la abogacía del Estado español después de repasarse el acuerdo del pleno del ayuntamiento de Pollença del 22 de febrero, a través del cual se aprobaban las bases reguladoras de las subvenciones a los negocios que utilicen el catalán de manera preferente en sus negocios en rótulos, etiquetas o documentos. Eso, sin embargo, no es para el gobierno español una forma de fomentar el catalán, sino de cargarse el castellano y, precisamente por este motivo, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo.

El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March (Junts Avançam), ha vinculado la reacción del gobierno del PP a la situación catalana y ha soltado que "no sé si es una secuela de la aplicación del artículo 155 (en Catalunya), si fuera así, la política que aplica el Estado para controlar las administraciones locales es muy preocupante".

Según ha explicado March, estas ayudas ya hace más 20 años que se dan "con un amplio consenso de todos los partidos" y, de hecho, en otros municipios mallorquines "también se dan en favor de la discriminación positiva del catalán". Ahora, sin embargo, la abogacía estatal considera que eso no quiere decir fomentar el catalán, sino "eliminar la otra lengua cooficial", el castellano.

Incumplimiento ilegal

Los de Mariano Rajoy justifican su recurso contra el Ayuntamiento de Pollença bajo el argumento que "incumple el sistema legal diseñado por nuestra Constitución" y añaden que "la doctrina constitucional ha establecido el principio que la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con la otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas, sino que tiene que sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad".

Y no sólo eso. El recurso, además, pide que se suspenda el acuerdo municipal "para asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso", al mismo tiempo que avisa en el Consistorio de que sacar adelante estas subvenciones comportará que, más adelante, los empresarios tengan que devolver este dinero y advierte, también, que "el fomento y promoción de una lengua en todos los ámbitos como medida de política de normalización de una lengua minoritaria está sometida a límites".

Pero el documento de las bases reguladoras puede ser interpretado de varias maneras porque, a pesar de que sí que se puede leer que "se otorgarán subvenciones para la elaboración de impresos, letreros, etiquetas, bolsos, papel de embalar, cartas de restaurante, etc. que sean de uso habitual y que estén sólo en lengua catalana", en el siguiente punto se aclara que "en el caso de la edición de impresos dirigidos a un público muy heterogéneo se podrá utilizar la versión catalana acompañada de otras lenguas, con la condición que el texto en catalán esté en primer lugar".

Subvenciones simbólicas

La convocatoria asciende a un total de 5.000 euros para este 2018 y, de hecho, hay que destacar que estas consistirán en, por ejemplo, devolver el 50% de la factura de un rótulo realizado en catalán, cuyo precio no supere los 450 euros. De paso, aprovechan la ocasión para recomendar —en ningún caso para exigir— que el material que se compre sea respetuoso con el medio ambiente y todavía mejor si es reciclado.

 

Y es que el objetivo de esta iniciativa es "normalizar el uso de una lengua consiste en utilizarla en cualquier ámbito", así como "conseguir un incremento en el uso de la lengua catalana dentro del ámbito económico, ya que este constituye una parte muy importante de la vida cotidiana".

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat