El exministro Jorge Fernández Díaz continúa imputado en el caso Kitchen y, por lo tanto, citado a declarar como investigado el próximo 30 de octubre a las diez de la mañana. Así lo ha decidido el juez instructor de la Audiencia Nacional, que ha tumbado el recurso presentado por el exdirigente del PP. Se trata de una pieza separada del Caso Villarejo que investiga el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas por parte de un aparato parapolicial con el objetivo de robarle documentación y así evitar que acabara en manos de la justicia.
La defensa de Jorge Fernández Díaz rebatía que su imputación en la causa se basaba en meras sospechas y conjeturas, y también cuestionaba la autenticidad de los mensajes SMS que se le atribuyen a él y a quién era su número dos, Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. El exministro del Interior aseguraba en el recurso que estos mensajes ni fueron enviados ni fueron recibidos. En cambio, la Fiscalía se opuso al recurso porque sí que existen indicios sobre estas comunicaciones.
Con todos estos argumentos, Manuel García Castellón mantiene que hay indicios que incriminan de forma clara la exministra, y que no se trata de la "mera condición de ministro al momento de materializarse la operación investigada". El magistrado añade que "los indicios apuntan que el Ministerio del Interior fue el centro desde el cual se desarrolló" el operativo de espionaje a Bárcenas. Tampoco cree que las afirmaciones de Fernández Díaz sobre los SMS "desvirtúen su valor".
"Mandos superiores"
En el primer auto, que lo citó como investigado, el instructor consideraba que es "necesaria, útil y pertinente" la declaración de Jorge Fernández Díaz porque las investigaciones practicadas hasta hoy situaban el "centro nuclear" del operativo en el Ministerio del Interior, "desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuante por delegación de este el secretario de Estado de Seguridad".
Entre los elementos que destacaba García Castellón estaban los audios del excomisario Villarejo así como mensajes transcritos y documentación. Considera revelador el pago a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, de cantidades mensuales presuntamente provenientes de fondos reservados de Interior. Eso "evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores del organismo", sostiene al juez. También el hecho de que Ríos obtuviera una plaza como funcionario de policía después de superar un proceso de oposición, "extremo que requería necesariamente la participación de cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio".