Grietas en la persecución judicial al independentismo catalán. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que "motive" mejor si tiene que volver a prorrogar el secreto de la investigación a los impulsores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que mantiene desde octubre de 2019, cuando se realizaron las grandes movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los independentistas catalanes. La Audiencia Nacional da la razón parcialmente al empresario Oriol Soler, investigado en esta causa y defendido por el abogado Benet Salellas, que pedía el levantamiento del secreto. El tribunal sostiene que la última resolución de prórroga "es parca y escasa en su fundamentación|". La resolución de la sección tercera, fechada el 9 de diciembre, se ha solapado con la dictada por el juez de prorrogar el secreto de la causa de Tsunami hasta el 11 de enero de 2023. En este caso, la resolución es firmada por el juez de refuerzo Joaquín Elías Gadea. Así, será a partir de enero que el juez tendrá que motivar porque mantiene en secreto esta investigación, si lo vuelve a prorrogar. Y, si no, la Audiencia Nacional podría obligarlo levantar el secreto.

La Audiencia Nacional ya enmendó al juez García Castellón en noviembre del 2021 y permitió que Oriol Soler se personara a la causa aunque estuviera secreta. El empresario fue detenido con una veintena de personas más en el marco del caso Volhov hace dos años, acusados por la Guardia Civil de financiar el independentismo catalán de forma ilícita. El juez García Castellón reclamó al titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona que le derivara la parte de Tsunami Democràtic con una decena de encausados, como el exconseller de ERC, Xavier Vendrell, y el empresario y excargo de CDC, David Madí. Soler ha presentado hasta siete recursos en los que reclama que se levante el secreto del sumario, que se prorroga mes a mes. En esta nueva petición, Salellas reclamaba a la Audiencia Nacional que hiciera levantar el secreto con el fin de garantizar el derecho de defensa de Soler ante el largo tiempo transcurrido, y alternativamente que ordenara al magistrado justificar mejor el hecho de mantener la causa secreta, como tendrá que hacer a partir de enero.

Investigación en el extranjero

En la escueta resolución para mantener el secreto del caso de Tsunami, firmada el 7 de diciembre pasado, el juez de refuerzo, Joaquín Elías, hace afirmaciones genéricas. Sostiene que es "imprescindible" mantener el secreto para garantizar "la protección de la investigación" y una vez levantado, la defensa podrá acceder a toda la documentación. Añade que gran parte de las actuaciones pendientes se realizan "fuera del territorio nacional", hecho que "comporta plazos más largos para complementar", y que de su resultado "se podrían derivar la práctica de nuevas diligencias de investigación".

Y, en una resolución posterior, dos días después, la sección 3.ª de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordena al juez de caso Tsunami que "si desea mantener en lo sucesivo la situación de secreto de las actuaciones, tiene que dictar una nueva resolución en la cual se explique el porqué de la necesidad de continuar mantenimiento en la actualidad el secreto de las actuaciones, con motivación suficiente que justifique tal necesidad, y que valide la posible afectación del derecho fundamental de defensa del investigado, rozando la dilación temporal en la investigación secreta".

Juez enmendado por el caso de los CDR

Además de la causa de Tsunami Democràtic, el juez García Castellón también ha sido enmendado hasta tres veces por la Audiencia Nacional por no garantizar el derecho de defensa de los investigados por terrorismo y relacionados con distintos CDR. El último tirón de orejas fue, recientemente, que la Audiencia Nacional ha hecho reabrir la investigación, a petición de las defensas, y con el visto bueno de la Fiscalía porque faltaban pruebas para practicar. El magistrado ya los enviaba a juicio.