La investigación penal sobre los organizadores de Tsunami Democràtic hace más de dos años que está  bajo secreto de sumario, y continuará así, al menos, este mes de marzo. La Audiencia Nacional ha validado que el juez Manuel García Castellón mantenga el secreto de las investigaciones que decretó desde su inicio, el 2019, para descubrir a los impulsores de la plataforma, que consiguió grandes movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes. El tribunal sostiene que el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional mantiene el secreto mes a mes, y en estos momentos es razonado, porque está a la espera de la respuesta de "comisiones rogatorias", es decir, que se ha pedido auxilio judicial a uno o varios países, y que todavía "se analizan los dispositivos" decomisados.

El empresario Oriol Soler, a través de su abogado Benet Salellas, es quien había pedido a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que ordenara al juez el levantamiento del secreto por falta de motivación y porque "el secreto sine die vulnera el derecho de defensa". Soler es una de la decena de personas detenidas el otoño del 2020 en la llamada operación Volhov, ordenada por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, sobre la supuesta financiación ilegal del independentismo catalán y el exilio. Y en verano pasado, el magistrado Joaquín Aguirre derivó una parte de la investigación a Madrid al reclamárselo el juez Manuel García Castellón. Los otros investigados en la Audiencia Nacional son el exconseller de ERC Xavier Vendrell; el exdirigente de CDC David Madí; el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el informático Jaume Cabaní, Josep Campmajó y Marta Molina. Todos ellos también continúan investigados en la causa de Volhov.

Razonamiento

En la resolución, la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional expone que el secreto total o parcial de unas actuaciones penales está autorizado por la ley y es para "evitar un riesgo grave para la vida, la libertad o a integridad física de otra persona o para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso". La ponente de la resolución, la magistrada Ana María Rubio, añade que el Tribunal Constitucional (TC) señala que "el secreto de las actuaciones tiene por objeto impedir que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones iniciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulación dirigidas a obstaculizarla".

El tribunal detalla que Soler estaba siendo investigado por el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que derivó la competencia al juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional y ahora "las diligencias están en la fase inicial". Y precisa que el secreto se justifica porque están pendientes de practicar "diligencias pedidas por el misterio fiscal", a quien nunca le afecta el secreto de sumario, y que por ahora se pide que no sean conocidas por las partes. Y concluye que esta justificación "resulta razonable y también la prórroga, que no es sine die, sino mes a mes". En concreto, detalla que hay "la práctica de comisiones rogatorias y el examen de dispositivos" pendientes, los cuales "generalmente no se pueden llevar a cabo en un breve espacio de tiempo". Y concluye que, según la jurisprudencia, por ahora "no hay indefensión" porque el derecho de defensa "se puede ejercer cuando se levante el secreto". Una de las multitudinarias movilizaciones de Tsunami fue los cortes de la AP-7, en la Jonquera, y dos juzgados (de Figueres y Salt) investigan a los manifestantes, mientras que en la parte francesa, algunos de los participantes solamente fueron multados, sin ningún proceso penal. Y aparte, algunos de los investigados tienen contacto con los exiliados en Bélgica.

Jonquera

En la causa de Tsunami Democràtic, el noviembre pasado, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional daba la razón al empresario Oriol Soler para que se pudiera personar en la causa del juzgado de Madrid porque el juez instructor, Manuel García Castellón, no se lo permitía aduciendo que esta pieza es secreta. El abogado Benet Salellas, en nombre de Soler, presentó recurso contra la negativa de García Castellón, aduciendo que se le vulnera el derecho de defensa porque no le permitía acceder ni a información de la causa que no estuviera secreta. En la resolución, el magistrado Alfonso Guevara, como ponente, calificó de "anómalo" el hecho de no permitir a Soler, que ya era investigado, personarse en la causa de Madrid, en la parte no secreta, y se lo aprobó. Y concluía: "El levantamiento en su día del secreto no puede arreglar una denegación absoluta del ejercicio del derecho de defensa, porque supone una investigación a espaldas del investigado, que ya tenía esta condición y estaba personado".

 

Así, por ahora, el secreto del caso de Tsunami continúa, mientras en la causa de Volhov, la Guardia Civil todavía examina los móviles y los aparatos de gran parte de los detenidos.